La decisión del Congreso de dar la confianza al candidato a la Presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, para formar gobierno es una buena noticia para el mundo educativo que, en primer lugar, posibilita que el bloqueo existente hasta ahora desaparezca. Si superar la inactividad que el Ministerio de Educación ha mantenido desde febrero al estar en funciones, es ya de por sí positivo, el hecho de que, además el programa presentado, fruto del Acuerdo PSOE-Unidas Podemos, recoja importantes puntos reivindicados desde hace tiempo por nuestra Confederación, es alentador.
En efecto, la derogación de la LOMCE, la eliminación del concierto educativo a los centros que segregan por razón de sexo, la limitación de prácticas abusivas a los centros subvencionados con fondos públicos, el que la nota de religión no compute a efectos académicos, la extensión del ciclo de 0 a tres años en la red pública, la extensión de la gratuidad a libros, comedores y material escolar a familias en riego de exclusión social, la mejora del sistema de becas y la propuesta de reducción de tasas en el ámbito universitario, son todas ellas medidas que van a contar con el apoyo de la Confederación de STEs-i.
Hay también otras propuestas que, en nuestra opinión, deben detallarse o mejorarse: la referencia a la estabilidad docente ha de plasmarse en medidas concretas, al igual que la revisión del contrato de interinidad, “evitando su uso abusivo”. El Plan estratégico de la Formación Profesional Dual puede conllevar peligros importantes para las condiciones laborales de los trabajadores en prácticas y, en definitiva, el incremento de los recursos públicos destinados a la educación y becas que el programa establece en el 5% del P.I.B. en el año 2025, debe alcanzarse a lo largo de esta legislatura, como muy tarde.
Sí, a ello añadimos que las propuestas educativas se inscriben dentro de un proyecto que potencia las políticas feministas, promueve las acciones para combatir el cambio climático, fomenta la cohesión social, trata de incrementar la justicia fiscal y plantea recuperar derechos laborales, la perspectiva política que se dibuja para esta legislatura recién iniciada debe movernos a recibir con optimismo la acción que puede desarrollar el nuevo gobierno, en cuanto se conforme. Las dificultades serán sin duda-numerosas, pero el esfuerzo puede merecer la pena.
Ahora bien, no hay tiempo que perder. Son demasiados los meses que la inactividad política ha convertido en oportunidades desaprovechadas. Los temas pendientes de resolver son numerosos. El Ministerio de Educación, en cuanto se conforme el gobierno, debe ponerse manos a la obra para enfocar procesos que deben desarrollarse urgentemente. El primero de ellos, la normativa que rija la convocatoria de las Ofertas de Empleo Público previstas para este año 2020. El Ministerio debe convocar a la mayor brevedad posible la Mesa de Negociación del Personal Docente, para que a lo largo de este mes de enero pueda llegarse a un acuerdo para que la Convocatoria de oposiciones sea lo más justa posible y su desarrollo posibilite que el acceso a la función pública docente salvaguarde los derechos del personal interino, al tiempo que garantice la selección de los mejores docentes.
