RESIDENCIA ALBERTO COLAO
La Asamblea compró la Residencia Universitaria Alberto Colao en el año 2008 para ampliar sus instalaciones porque las actuales eran insuficientes y pagó en efectivo a la Universidad Politécnica de Cartagena la cantidad de 6.016.140,00 €, sin que hasta ahora haya podido disponer del edificio.
La Asamblea Regional y la UPCT firmaron un convenio mediante el cual, la Universidad se comprometía a entregar el edificio a su legítimo propietario en un plazo determinado.
A petición de la UPCT, el plazo para entregar la residencia a la Asamblea Regional se ha ampliado en tres ocasiones:
- La primera vez, por un año.
- La segunda vez, por dos años.
- En la tercera ocasión, por cinco años.
En la última prórroga se estableció una compensación por la demora en la entrega a pagar por la Universidad de 75.000 € anuales y en garantía del cumplimiento de su obligación, la UPCT hizo un depósito a favor de la Asamblea de 752.017,50 €.
Como la Universidad no ha pagado los 75.000,00 € ningún año, la Asamblea ha compensado esta cantidad descontándola del depósito en garantía.
Además, desde su adquisición, la Asamblea Regional ha pagado el IBI del inmueble por importe de 21.000,00 € anuales (en total, hasta ahora, 218.810,55 €).
El plazo actual para la entrega del edificio a la Asamblea concluye el 31 de diciembre de 2019. El pasado 4 de diciembre el Rector solicitó una nueva prórroga hasta 31 de julio de 2022, (tiempo en el que entiende que estará realizada la obra de la nueva residencia en la calle Sor Francisca Armendáriz). Se ofrece así mismo ampliar el plazo hasta julio de 2023 incrementando un poco la compensación.
La Mesa de la Asamblea ha acordado acceder a la prórroga del plazo solicitada hasta julio de 2022, estableciendo una compensación mensual a la Cámara de 12.000,00 € que se descontaría del depósito en garantía que tiene la Cámara, de tal forma que los pagos a efectuar por la UPC serían los mostrados en la tabla adjunta.:
Por lo tanto, hasta el 1 de agosto de 2022, la UPCT no tiene que pagar en efectivo nada a la Asamblea Regional.
La Asamblea solicita, como en la ocasión anterior, bien la constitución de un depósito en garantía, bien la presentación de un aval bancario, por importe de 249.982,50 €, que garantice el pago de la compensación que demanda.
Desde el momento de la compra, la Universidad quedaba obligada a concertar un seguro de daños satisfaciendo las primas correspondientes y designando a la Asamblea Regional como beneficiaria para caso de incendio, destrucción o menoscabo del edifico. La UPCT no ha contratado dicha póliza de seguro y ahora ofrece hacerlo, aunque en la propuesta que ha remitido no designa a la Asamblea como beneficiaria, es decir, que en caso de siniestro el seguro lo percibiría la UPCT, que no es la propietaria.
