Tan solo tres días después de la celebración del 41º aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, el presidente López Miras hizo unas declaraciones en las que dejaba patente su desconocimiento de las competencias que la Carta Magna atribuye a las Comunidades Autónomas. Con solo haberse leído el artículo 148 habría sabido que son responsabilidad suya: las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio; la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; los puertos; la agricultura y ganadería; la gestión en materia de protección del medio ambiente; los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; la pesca en aguas interiores (en el Mar Menor, por ejemplo), etc.
Si hubiera sabido que todo lo anterior era competencia suya, y competencia de los que le precedieron en nuestra región desde hace 25 años, no habría afirmado que los responsables del deterioro del Mar Menor "hemos sido la sociedad en su conjunto" durante los últimos 60 años" porque se habría avergonzado de la inacción de los sucesivos gobiernos de su partido.
Tampoco habría dicho que la responsable "puede que sea la agricultura o puede que sea la construcción desorbitada", poniendo de ejemplo al Ayuntamiento de Los Alcázares (el único donde no gobierna su partido) y a las urbanizaciones que hay encima de ramblas; ni habría acusado a la CHS de ser la única que puede actuar en estos cauces. A estas alturas debería tener la certeza de qué o quiénes son los responsables de los impactos que ha recibido el Mar Menor, y no expresar su duda con la construcción "puede que". No parece tener claro qué ha sido lo que ha causado este ecocidio, como ya se viene denominado a la destrucción de este ecosistema.
Por último, Pacto por el Mar Menor, le recomienda al presidente de esta Comunidad Autónoma que además relea y ponga en práctica el artículo 45 de nuestra Constitución:
1.Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
Grupo de coordinación de la plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor
