El último informe del servicio El Defensor del Profesor de ANPE correspondiente al curso 2018/2019 muestra una preocupante estabilización con respecto al curso anterior en el número de casos de acoso y violencia hacia los docentes.

Casi 37.000 compañeros han sido atendidos por ANPE desde la creación del servicio de El Defensor del Profesor. De ellos 2.174 corresponden al último curso, lo que supone una cifra similar al año anterior con 2179 casos.

El número de profesores que pidieron ayuda al servicio del Defensor del Profesor el curso 2018/2019 es similar al anterior, lo que nos indica que las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse en los centros escolares.

Como cada año, El Defensor del Profesor hace públicos los datos más significativos de las intervenciones realizadas con los docentes de diferentes comunidades autónomas en relación con la situación de convivencia escolar. Este recurso, exclusivo del sindicato ANPE, es un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Se puso en marcha en el año 2005 como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención sobre la problemática de la violencia escolar. Es un servicio abierto a todos los docentes, operativo en todas las comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla, con el objetivo de favorecer la atención personalizada ante la solicitud de ayuda.

Centrándonos en las 2.174 actuaciones realizadas por El Defensor del Profesor en el curso 2018/2019, el 44,4% corresponde a profesorado de Primaria, el 40,4% a Educación Secundaria, el 3,7 % a Formación profesional, el 7,4% a Infantil y el 3,9% restante se reparte en otras enseñanzas (Colegios de Educación Especial, Conservatorios, Educación de Adultos, etc).

En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se distinguen los correspondientes a los alumnos, los relacionados con los padres y los que provienen de la interacción con los compañeros de profesión:

En cuanto a los alumnos hay que destacar un leve incremento de las faltas de respeto a profesores, que aumenta del 22% al 23%, Se obtiene un dato similar en cuanto a la problemática del ciberacoso en un 10 % con respecto al curso anterior. En el indicador de las amenazas que realizan los alumnos a los profesores se produce un incremento de un 2 %, siendo en este curso escolar un 10% de los casos. En cuanto al indicador de problemas para dar la clase seguimos con 21% en el curso actual, y respecto a la problemática de daños contra la propiedad, se produce un aumento de un 1% a un 2% en el curso actual.

Por lo que se refiere a los padres, se mantienen estables la mayoría de las variables recogidas y algunas sufren un ligero ascenso. Sí se observa un pequeño incremento en el acoso de padres a profesores que pasan del 28% al 29% en el curso actual 2018/2019. Con respecto al indicador de las denuncias de padres, también se ha producido un aumento de un 19% del curso anterior a un 21% en el curso actual 2018/2019. En cuanto a las acusaciones carentes de fundamento, también ha aumentado la cifra de un 25% a un 26%. En cuanto al parámetro de agresiones físicas al profesor obtenemos un 3 %, es decir, un 1 % más que en el curso anterior.

En lo relativo a los problemas relacionados con los compañeros, se observa una disminución en los problemas con equipos directivos, que pasan de un 31% a un 27% de los casos atendidos. Los demás parámetros en este ámbito permanecen estables.

Desde el sindicato ANPE y del Servicio del Defensor del Profesor nos preocupa la problemática que existe en los centros escolares con respecto a la creciente situación de acoso y violencia que se da entre los alumnos y con especial relevancia al ciberbullying que se produce entre ellos. Esta cuestión preocupa mucho en los centros educativos ya que afecta a la convivencia y es por esto por lo que solicitamos a la Administración que actualice los Decretos de convivencia con medidas organizativas que corrijan estas situaciones.

Las consecuencias de las situaciones destacadas conllevan un importante coste emocional para el docente, lo que en muchas ocasiones lleva a un deterioro de la salud mental de maestros y profesores. El 70 % de los casos atendidos presentaban unos niveles de ansiedad impropios de la tarea a realizar, un 10 % mostraban síntomas depresivos y un 10 % estaba de baja laboral; hay que destacar que 16 personas se han visto obligadas a dejar la docencia. Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia toda la comunidad educativa y en especial al alumnado con el que interactúa el profesor agredido.

Desde su puesta en marcha se ha venido demostrando la necesidad de un servicio de estas características. Las cifras, en este tiempo, hablan de casi 37.000 casos atendidos, lo que no deja de ser una exigua cantidad en relación con los casos reales. Se trata de docentes, fundamentalmente de la enseñanza pública, que en algún momento de su actividad laboral han sufrido actos contra su persona incompatibles con la convivencia escolar e inaceptables en una profesión de este calado social.

ANPE, sindicato exclusivo de la enseñanza pública, considera prioritario el establecimiento de unas normas claras que regulen la convivencia escolar en las diferentes comunidades autónomas y que favorezcan una verdadera interiorización de valores, actitudes y normas en los alumnos y en el conjunto de la sociedad.

Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que debería contar, entre otros, con los siguientes apartados:

La reactivación del Observatorio estatal y los Observatorios autonómicos de Convivencia Escolar.

La ineludible obligación de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.

Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos.

Actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como las Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros.

El establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos.

Un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.

Ofertar la asistencia jurídica y psicológica gratuita para los docentes agredidos, como ya ocurre en algunas comunidades autónomas, mediante convenios de colaboración con los Colegios profesionales de abogados y psicólogos, para los profesores víctimas de acoso.

Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.

Compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.

Este Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar debe ser liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación.

Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas, y la administración educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa.

ANPE renueva su compromiso de seguir trabajando en apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación en sus puestos de trabajo, así como su intención de mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar a la opinión pública el día a día de los centros educativos y poner a la Educación, y a sus profesionales, en el puesto que realmente se merecen.