Desde Aidmur, y como hemos venido reiterando en las anteriores OPEs, rechazamos cualquier tipo de oposición que no garantice que ningún interino pierda su puesto de trabajo para el próximo curso y exigimos que se negocie conjuntamente con el proceso de oposición un plan de estabilidad para el profesorado interino, que debe venir vinculada a un cierre de listas y a la garantía de que ningún docente pierde su puesto de trabajo.
No rechazamos la convocatoria de OPEs, pero toda OPE tiene que venir acompañada de un proceso de estabilización real de la plantilla actual para garantizarle el puesto de trabajo a toda esa gente que se encuentra en fraude de ley y que tantas veces ha dado la cara por la administración en los años más duros de la crisis. En el caso de la Región de Murcia esto va inexorablemente unido a una modificación del acuerdo de interinos que conlleve un cierre de listas y a una oferta basada en la tasa de reposición, en tanto no se modifique el decreto de acceso a la función pública docente de forma que se garantice que el profesorado interino, actualmente en fraude de ley, consolide su puesto de trabajo, reivindicación que desde AIDMUR llevamos al congreso de los diputados en forma de PNL y recordamos que el partido actualmente en el gobierno estatal aprobó.
No podemos entender, si no es desde la óptica electoralista, la precipitación en la oferta de plazas para secundaria sin tener en cuenta que se espera una sentencia del TJUE que podría mejorar la situación laboral de los docentes interinos. Pues ya el pasado 17 de octubre, en las conclusiones de la abogada general, se extraía del mismo informe que al menos todo temporal que estuviera declarado en fraude de ley debería recibir una indemnización lo suficientemente disuasoria para acabar con dicho fraude, y es que la situación del personal interino está tornando tintes dantescos, pues desde 1999 España estaba obligada a desarrollar la normativa europea y no lo ha hecho. Ahora, en este informe, la abogada general de la comisión europea, también señala que las OPEs no son un método para combatir la precariedad laboral y el fraude en la contratación por parte de la administración, aunque si deja la puerta abierta a las oposiciones restringidas y por tanto a la, tan demandada, doble vía.
Desde AIDMUR nos hacemos eco de una pregunta que nos trasmiten nuestros asociados, ¿han pensado en ello la Consejería y los sindicatos?, ¿habrá dinero para las indemnizaciones de los interinos que estén en fraude de ley cuándo cesen en su puesto de trabajo y no se incorporen el próximo curso?. Evidentemente estas preguntas no forman parte de una administración que sigue empecinada en proyectos cortoplacistas y que, ahora mismo, solo está pensando en el 10 de noviembre y en el rédito electoral de una convocatoria de oposiciones.
Es nuestra obligación, como asociación defensora del profesorado interino, alertar de la situación a la que nos están abocando las administraciones regional y estatal, una por llevar a cabo una convocatoria de oposiciones sin tener en cuenta la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que tanto han dado por la escuela pública, y la otra por no haber desarrollado, en casi 20 años, la directiva europea sobre contratación eventual y abocarnos a presentar cientos de demandas para regularizar la situación del profesorado interino.
Desde AIDMUR exigimos al gobierno regional, cuya consejera de Educación aun no se ha dignado a recibirnos, que vincule esta oferta de empleo público al cierre de listas y a la exigencia al Gobierno del estado del desarrollo normativo de la directiva CE 1999. Y advertimos que de no ser así movilizaremos a todo el colectivo docente interino en la reivindicación de su estabilidad.
