La hoja de ruta responde a la situación de emergencia en la que se encuentra la laguna, identificando y priorizando las actuaciones necesarias para revertir su estado

Se está reforzando la vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico. Sólo en el campo de Cartagena se ha duplicado el número de expedientes sancionadores abiertos, pasando de 92 en 2018, a 207 en 2019    

La Confederación Hidrográfica del Segura ha realizado una primera estimación y por el momento ha identificado por teledetección al menos unas 9.500 hectáreas en el campo de Cartagena sin concesión en el registro de Aguas

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha presentado hoy en el seno de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Vertido Cero una hoja de ruta con medidas tanto urgentes como estructurales para la recuperación del Mar Menor, un objetivo que requiere de un trabajo intenso tanto del Ejecutivo central como del Gobierno de la Región de Murcia dentro de sus respectivas competencias, que deben ser ejercidas de manera coordinada, buscando sinergias y desde un enfoque integral.

A la reunión, presidida por el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, ha asistido una delegación del Gobierno de la Región de Murcia encabezada por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo. Los representantes de ambas administraciones han coincidido en que es necesario trabajar conjuntamente para coordinar las actuaciones y se ha fijado una nueva reunión el 12 de noviembre en Murcia. 

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la situación de emergencia en la que se encuentra el Mar Menor, por lo que se hace más importante que nunca trabajar sobre un diagnóstico certero, priorizando las actuaciones más urgentes y respetando todos los procedimientos y cautelas ambientales.

En este sentido, Morán ha explicado al consejero murciano que, desde el primer momento, el Gobierno ha abordado su actuación como una emergencia ambiental, y que como tal, todas las actuaciones deben seguir los preceptivos trámites ambientales. El objetivo de esta hoja de ruta es, por tanto, identificar las actuaciones prioritarias y sus proyectos asociados, para no dilatar los tiempos, pero respetando escrupulosamente todos los procedimientos.    

Asimismo, Morán ha puesto en valor la Estrategia de Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y su entorno, cuya declaración ambiental acaba de aprobarse, el Plan de Gestión Integral de la Red Natura 2000 y la Ley 1/2018 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, tres instrumentos aprobados por el Gobierno de la Región de Murcia cuya aplicación rigurosa es fundamental para cumplir con la normativa comunitaria en materia ambiental y que acompañan a las actuaciones que ya está llevando a cabo la Administración General del Estado.

Así, en el documento se incluyen medidas inmediatas competencia del MITECO, con la finalidad de paliar la situación de deterioro de la laguna, y se recomienda la aplicación de medidas estructurales que permitan recuperar y mantener el buen estado de la masa de agua y su ecosistema asociado. Un cambio que implica abordar la mejora en la gestión del territorio y de los recursos naturales tanto en la laguna como en su área de influencia, permitiendo la regeneración del Mar Menor y su sostenibilidad a largo plazo. 

ACTUACIONES INMEDIATAS

Entre las actuaciones inmediatas para disminuir la entrada de nutrientes en la laguna, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está trabajando en la rambla del Albujón, una de las fuentes de aportes de nitratos al Mar Menor, en la reparación de una tubería de impulsión que derivaría parte de las escorrentías para el uso agrario y que se espera esté terminada en un plazo de una o dos semanas. Se trata de una medida transitoria, pues la solución definitiva depende de otras actuaciones que deben ser analizadas y que implican también a los usuarios agrícolas y a la Comunidad Autónoma. 

Desde que en junio de 2018 el MITECO lanzara una instrucción para reforzar las inspecciones en todas las confederaciones hidrográficas, la CHS ha reforzado la vigilancia y control del Dominio Público Hidráulico, intensificando la acción de inspección de las superficies de riego, pozos y desalobradoras, y reforzando los medios personales necesarios para el desarrollo de esta labor.

Estas tareas se centran en la definición de las parcelas a las que no se encuentra asociado ningún aprovechamiento inscrito en el Registro o Catálogo de Aguas; la inspección y, en su caso, la instrucción de procedimientos sancionadores (con los cierres de actividad correspondientes) a aquellos predios que incumplan el marco normativo vigente, y la inspección y, en su caso, clausura, de las estaciones desalobradoras.

Así, sólo en el campo de Cartagena se ha duplicado el número de expedientes sancionadores abiertos, pasando de 92 en 2018, a 207 en lo que llevamos de 2019 (expedientes por uso privativo de aguas sin autorización, modificación del perímetro de riego, construcción de pozos e incumplimiento de la orden de clausura). Además, en lo que llevamos de año el organismo de cuenca ha abierto por estos mismos motivos 641 expedientes sancionadores en toda la cuenca del Segura.

Los expedientes abiertos hasta el momento en el Campo de Cartagena por regar fuera de la superficie de riego para la que se tiene concesión, esto es, regadío ilegal, ascienden a 147 desde agosto de 2018, y se corresponden aproximadamente con unas 1.600 hectáreas. El refuerzo en la vigilancia e inspección permitirá a la CHS seguir trabajando, pues los datos preliminares que maneja este organismo estiman la existencia de al menos unas 9.500 hectáreas sin concesión en el Registro de Aguas de la confederación captadas por teledetección en el Campo de Cartagena.  

PRESIÓN DEL REGADÍO ILEGAL

La CHS tiene potestad sancionadora si detecta pozos ilegales, regadíos y vertidos no autorizados, pero es la administración autonómica la que debe desmantelar esos regadíos ilegales, según quedó establecido en la Ley 1/2018 de Medidas Urgentes del Mar Menor, que además establece la obligación de restituir toda superficie situada fuera del perímetro del regadío legal a sus condiciones originales (agricultura de secano o vegetación natural), por lo que ahora la confederación dará traslado de los expedientes a la Comunidad Autónoma.

En este sentido, se ha acordado consolidar el espacio de trabajo bilateral iniciado hoy entre la Administración General del Estado y la administración autonómica sobre el Mar Menor para reforzar la coordinación entre ambas administraciones y garantizar el seguimiento continuo de la aplicación de sanciones (precintado explotaciones agrarias, cierre de desalobradoras y medidas de restitución a la situación anterior).

PLAN PARA LA PROTECCIÓN DEL BORDE LITORAL DEL MAR MENOR

Asimismo, y en cuanto a las actuaciones que competen a la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, se trabaja en la inspección y sanción de incumplimientos en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

A partir del análisis realizado en el Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor, que la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar presentará en próximas fechas, se va a plantear la revisión del deslinde de la costa del Mar Menor con criterios más exigentes desde el punto de vista medioambiental e incorporando al DPMT aquellos terrenos con características naturales propias del mismo.

Asimismo, en la reunión se ha informado de que se está trabajando para iniciar los expedientes sancionadores y de recuperación del DPMT pertinentes. Además, se valorará la posibilidad de rescatar o revocar derechos concesionales cuando sea necesario para garantizar la integridad de la laguna del Mar Menor. Se intensificará también el control y la vigilancia de ocupaciones del DPMT por emisarios que viertan al Mar Menor en coordinación con la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos. A tal fin, se trabaja sobre la base del inventario de las presiones e impactos en el entorno concreto del Mar Menor, elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).  

CARTOGRAFÍA DE PUNTOS CALIENTES

La diversidad de presiones que recibe la laguna (vertidos urbanos, extracción de aguas subterráneas, fertilización artificial de sus aguas procedente de las explotaciones agropecuarias, etc), requiere generar una cartografía actualizada de puntos calientes (hotspots) de presiones. Este mapa de presiones permitirá contar con una información actualizada sobre el origen e incidencia de los impactos asociados, y optimizar así la labor conjunta de todas las administraciones y entidades que tienen competencia en la resolución de los problemas que sufre el Mar Menor.

Asimismo, se va a realizar un análisis integrado que comprenderá diferentes estudios de alta resolución. Dichos trabajos serán realizados por entidades de referencia en el ámbito nacional, y estarán disponibles en el plazo aproximado de un mes: estudio de la dinámica de los acuíferos (IGME) y estado de la laguna y causas del deterioro (IEO). También se analizará la capacidad de desarrollo de actividades en la cuenca vertiente, identificando aquellas que resulten compatibles con el buen estado de la laguna, bajo diferentes escenarios climáticos y de usos del suelo.

ACTUACIONES ESTRUCTURALES

La hoja de ruta establece también la necesidad de diseñar una serie de actuaciones estructurales que restablezcan y mantengan a largo plazo el equilibrio del Mar Menor y que van ligadas a un cambio de modelo que debe abordarse desde todos los sectores, los productivos y los de ordenación del territorio e infraestructuras. Con este objetivo se plantean una serie de potenciales líneas de actuación para conseguir los objetivos que se persiguen.

Así, se propone que se tomen medidas que incentiven la aplicación de buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, asociándolas a las ayudas de la nueva Política Agraria Común (PAC), o reprogramar los Fondos FEADER para destinarlos al fomento de mejores prácticas agrícolas en el Campo de Cartagena.

Se contemplan también medidas para el sector pesquero, que ha sufrido directa y gravemente la degradación de la calidad del agua del Mar Menor. De hecho, la reciente mortandad de especies no sólo ha impedido prácticamente la comercialización de los productos pescados en estas fechas, sino que además compromete la imagen del producto para el futuro.

Como medida urgente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) está trabajando en una compensación de lucro cesante, vía ayudas de Estado cofinanciadas entre la Comunidad Autónoma y el MAPA. Esta ayuda estaría concebida para un periodo que abarca desde la fecha en que cesaron su actividad -15 de octubre- hasta final de 2019, y tendrá un coste aproximado para el Ministerio de 500.000 €. Se trataría de una compensación articulada mediante ayudas de Estado sin apoyo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y contando  exclusivamente con presupuesto nacional.

Entre las actuaciones estructurales es también necesaria la actualización y revisión del planeamiento urbanístico de los municipios de la zona (muchos de los cuales carecen de planes aprobados) y el estudio de medidas de eliminación de aquellas infraestructuras que mayores impactos provocan, así como reducir la carga de infraestructuras existentes.

Asimismo, para hacer frente a los desbordamientos en épocas de lluvias y la insuficiencia del sistema para retener las aguas residuales es necesario la mejora de los sistemas de drenaje urbano que reduzca la carga contaminante de las aguas pluviales, la instalación de redes separativas (en los nuevos desarrollos urbanos y progresiva implantación de las mismas en los núcleos actuales), priorizando aquellos con mayor incidencia sobre el Mar Menor, así como la revisión de las necesidades de ampliación y mejora de las instalaciones de depuración y conexión al sistema de saneamiento de pequeñas aglomeraciones urbanas.