La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, quien ha prometido el cargo esta mañana, ha iniciado su etapa en la institución con la presentación de una batería de medidas para auditar, ordenar y garantizar la supervivencia del Mar Menor. En el pleno monográfico que se celebra a lo largo de todo el día, Marín ha registrado una decena de propuestas de resolución que atacan la catástrofe ecológica desde los ámbitos urbanístico, agrícola, económico y de infraestructuras.
En primer lugar, Podemos ha defendido la necesidad de una declaración institucional en la que se afronte que "reducir la contaminación difusa agraria que llega a la laguna a través de las ramblas, drenajes, salmueras y grandes avenidas, requiere de la coordinación de las administraciones implicadas, fundamentalmente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Confederación Hidrográfica del Segura". Además, para el Grupo Parlamentario Regional de Podemos, esta coordinación "debe también implicar al sector agrícola del Campo de Cartagena, especialmente la gran agroindustria, como corresponsable del problema y que por tanto ha de asumir su parte de coste en las soluciones".
Para abordar estas soluciones, Marín ha defendido la realización de una auditoria agrícola que contemple la superficie regada en el Campo de Cartagena, dado que según Podemos, "los estudios disponibles muestran transformaciones a regadío muy por encima de los perímetros legalmente autorizados, lo que ha multiplicado el problema de la contaminación agraria", y la enorme proliferación de desaladoras y desalobradoras privadas dispersas por todo el Campo de Cartagena, "proliferación posiblemente ligada al descontrol en el incremento de nuevas superficies de regadío". Tras esta auditoría, con sus resultados en la mano, Podemos plantea la "eliminación de los cultivos ilegales detectados", así como la reducción de la superficie cultivable y la creación de un filtro verde, que cubra entre 1 y 2 kilómetros desde el perímetro del Mar Menor, formado por cultivos sostenibles extensivos de secano, vegetación natural y humedales.
Además, Podemos ha solicitado una auditoría de las infraestructuras que afectan al Mar Menor, identificando "aquellas que supongan un impacto negativo" y sustituirlas por "otras más respetuosas con el entorno, sostenibles y permeables". Marín también ha exigido el cumplimiento de la normativa urbanística, obligando a los ayuntamientos a asumir la moratoria, revirtiendo todas las recalificaciones realizadas que no se ajustan a ella, y derribando aquellas obras que incumplen la ley.
Por último, Podemos ha defendido la modificación de los presupuestos regionales para introducir una partida que financie "medidas urgentes de recuperación y protección del Mar Menor, así como indemnizar al sector pesquero por las pérdidas acaecidas". Esta partida sería financiada por "un tipo impositivo finalista que grave las explotaciones agrarias intensivas del Campo de Cartagena y financie un Programa especial del Mar Menor que ha de incluirse en dicha Ley de presupuestos".