El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores, debemos tomarlo como una oportunidad cierta para poner de relieve la importante contribución que las personas mayores han realizado a lo largo de su vida, para mejorar la sociedad en la que vivimos y la forma de vida de los más desfavorecidos. Además, debemos utilizar este día para concienciar a la sociedad en general y a las personas mayores en particular, sobre los problemas y los retos que plantea el envejecimiento en el mundo actual.

Por ello, el Día Internacional de las Personas Mayores, debe ser un día de reivindicación de un colectivo, formado actualmente por más de 10 millones de personas mayores, de nuestra participación activa en la agenda política del país, un día de lucha por nuestros derechos, un día de reivindicación y defensa del Estado de Bienestar, perfectamente definido en nuestra Constitución, pero debilitado en los últimos años.

La Constitución española en su Título preliminar destaca en el artículo primero lo siguiente:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político…

El Estado de Bienestar no solo es un principio constitucional en el que confluyen referentes económicos, jurídicos, sociales y políticos, si no también el punto de referencia en torno al cual se articula todo un modelo de sociedad, en la que las leyes de la economía se someten al Estado de Derecho, para conseguir una Democracia Social material.

En definitiva, el Estado de Bienestar podemos definirlo como un Contrato Social, comprometido entre el conjunto de las diversas Instituciones Públicas que conforman el Estado y los Ciudadanos, este compromiso debe garantizar una serie de derechos sociales de cobertura universal, desarrollados a través de políticas y programas de carácter redistributivo y basados en la solidaridad intergeneracional.

Este contrato social se sustenta y adquiere sentido cuando esta construido sobre cuatro pilares fundamentales:

Reducción de las desigualdades,

Lucha contra la pobreza,

Seguridad económica,

Servicios públicos,

Pilares hoy debilitados por políticas antisociales. Hoy es más necesario que nunca reivindicar y exigir la defensa y profundización de este contrato social En los últimos años se ha cuestionado nuestro Estado de Bienestar, recortado derechos y servicios, gravado nuestro sistema de salud con tasas injustas, poniendo en riesgo nuestro sistema público de pensiones, precarizando el mercado laboral y atentando contra el futuro de nuestros hijos y nietos.

Reducción de las desigualdades:

Es necesario abordar la desigualdad existente en nuestra sociedad. España es uno de los países de la UE donde la brecha de renta entre el 10% más rico y más pobre es mayor. En 2017, último año con datos para todos los países de la UE, la renta obtenida por el 10% más rico era 12,8 veces mayor que la conseguida por el 10% más pobre. Esta brecha solo era superada por Lituania y Bulgaria. La brecha en 2018 se mantiene en 11 veces para España, año en el que es superada por Letonia, Italia, Rumania y Bulgaria.

Más de 10 millones de ciudadanos -el 22,3% de la población total- tienen rentas inferiores al umbral de la pobreza.

Debe seguir actuándose para mejorar las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas.

Lucha contra la pobreza:

Casi el 14% de la población ocupada son personas que a pesar de tener un empleo se encuentran en riesgo de pobreza. Un 3,1% se sitúan, directamente, por debajo del umbral de la pobreza.

Desde el primer de 2012 hasta el 2° de 2019, la productividad nominal por hora ha aumentado un 10,2% mientras que los salarios por hora solo lo han hecho un 4,3%. Las empresas han destinado las mejoras de productividad a la economía financiera, a la compra de activos financiero.

El 12,8% de los pensionistas (8,2% si se imputa un alquiler por la vivienda en propiedad) se sitúan por debajo del umbral de riesgo de pobreza (8.871 euros anuales para un hogar con una persona; 10.371 euros con alquiler imputado)

Seguridad económica:

Las pensiones son el sustento económico de nuestros mayores constituyen el grueso de su suficiencia económica y aportan el único apoyo de muchas de las familias de nuestro País. Son una fuente de renta fundamental para casi un 20% de la población española y un factor determinante y creciente de nuestra demanda interna, por tanto, de la evolución económica del país.

Servicios públicos:

Nuestro sistema sanitario público es también un elemento central de nuestro Estado Social. Preservarlo como uno de los mejores sistemas sanitario es una necesidad, adaptándolo además a la creciente demanda de servicios sanitarios derivada del proceso de envejecimiento de la población española. Sin embargo, los recortes presupuestarios adoptados durante los últimos años, la exclusión de más de 400 medicamentos de uso frecuente de su cobertura y el incremento del copago farmacéutico, ha disminuido su capacidad. Recuperarla y reforzarla es una prioridad.

Todas estas agresiones nos obligan a estar alerta y tener capacidad de acción para poder seguir luchando y recuperar los derechos perdidos en los últimos años en pensiones, sanidad, dependencia… etc. Con sus actuaciones, el capitalismo, han creado pobreza, marginación y exclusión social y laboral, por lo que es necesaria y prioritaria nuestra aportación y nuestra lucha en defensa de la consolidación y mejora del Estado de Bienestar.

Tenemos derechos y uno de ellos, consagrado en la Constitución, es el contrato social del cual hoy nos quieren desposeer y al que nosotros no queremos renunciar. Queremos preservarlo y dejar como legado a las nuevas generaciones, por ello reivindicamos una vez más la necesidad de:

Pensiones:

La derogación de la reforma de las pensiones de Ley 23/2013, de 23 de diciembre, que pretende hundir a nuestros pensionistas en la pobreza.

Un compromiso político que implique recuperar la centralidad del Pacto de Toledo como expresión de un consenso básico en la defensa del mantenimiento y mejora del Sistema Público de Pensiones. El consenso político y social, a través del Diálogo Social, como el vivido entre 1995 y 2011, son la mejor garantía para nuestro Sistema de Pensiones.

Corregir el actual desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social sin merma de los derechos de los jubilados, jubiladas y pensionistas pasa, entre otras cuestiones, por una ampliación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para incrementar los recursos del Sistema y la generalización del principio de cotización por los ingresos reales para todas las personas afiliadas a la Seguridad Social.

Garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, recuperando, como primera medida, la revalorización de nuestras pensiones en función del IPC

Sanidad:

Reforzar la financiación pública del Sistema Nacional de Salud, revirtiendo, la política reciente de recortes. Equiparación del presupuesto medio por habitante al de la UE. El rigor en el gasto es necesario, pero partiendo de presupuestos suficientes.

Mantener y ampliar los servicios de atención primaria. especialmente en las zonas rurales o más despobladas.

Reducción progresiva hasta la eliminación de la derivación a hospitales y servicios sanitarios privados, destinando los recursos a la mejora de la red pública.

Revisión completa del sistema de copago farmacéutico valorando la posibilidad de cobertura completa desde la financiación pública para alcanzar la gratuidad. En cualquier caso, garantizar la gratuidad, al menos, para las personas con menores recursos, afectando a la mayoría de la población pensionista.

Dependencia:

El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia debe proteger de manera efectiva a las personas que se encuentran en dicha situación.

España necesita un aumento del gasto público para la atención de las personas dependientes, dado el envejecimiento poblacional.

Paradójicamente, durante la crisis los presupuestos para la atención a la Dependencia, con el Gobierno del PP, sufrieron recortes sustanciales, que se mantienen hoy. Sus políticas deterioraron gravemente el Estado del Bienestar, incluyendo el sistema para la atención a las personas en situación de dependencia y a sus familias.

Derogar el Real Decreto 20/2012 que ha recortado los derechos efectivos y la financiación de la Administración General del Estado a las CCAA.

Garantizar el reconocimiento y acceso a las prestaciones en los plazos temporales establecidos en la Ley.

Impulsar, dentro de las prestaciones de atención a la dependencia, el carácter prioritario de los servicios frente a las prestaciones económicas en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 39/2006, así como asegurar la excepcionalidad de la prestación económica para las personas cuidadoras no profesionales.

Trasladar el conocimiento de las reclamaciones ante la Administración del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo a la Jurisdicción Social, en los términos previstos en su disposición final 7, de la ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Exigir que las administraciones públicas doten medios suficientes de inspección para supervisar la cantidad y calidad del servicio que se presta por las empresas adjudicatarias de los contratos.

Formación:

Formación integral a lo largo de toda la vida. Incluyendo para la población pensionista, formación cultural, recreativa, de envejecimiento activo salud y bienestar personal, alimentación y cuidados, así como formación tecnológica para facilitar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Pobreza:

Desarrollar una estrategia que nos permita abordar la lucha contra la pobreza y la exclusión social de forma transversal, permitiendo identificar líneas concretas de actuación, con objetivos claramente diferenciados. La eliminación de la pobreza energética es una cuestión esencial para las personas mayores.

Derecho a una vivienda digna:

Con un potente parque público de viviendas en alquiler asequibles. Facilitar la ayuda al alquiler

Muerte digna:

Reivindicamos el derecho de la persona a una muerte digna, según sus propios valores, sobre el final de su vida, evitando así la prolongación del sufrimiento y aspirando de esta forma, voluntariamente, a manifestar, mediante la redacción del oportuno testamento vital, su voluntad y derecho a decidir por sí misma.

Soledad:

Los pilares fundamentales en los que nos tenemos que apoyar para paliar esta lacra social de la vejez, son entre otros la pareja, los hijos, los nietos y parientes en general. Y fuera del ámbito familiar, es necesario contar con unas redes sociales extensas y eficaces en el suministro de apoyo emocional e incluso, llegado el caso, instrumental. Pensamos que las personas mayores, necesitan sentir que forman parte de la sociedad y de su entorno cercano, al mismo tiempo que necesitan de estima y reconocimiento. Nuestra actuación en este ámbito, debe continuar siendo especialmente reivindicativa, demandando de la administración, en todos sus ámbitos, la adopción de medidas que combatan esta lacra que asola a los mayores y que tanto daño les está produciendo.

Tú participación es necesaria para defender las conquistas sociales conseguidas tras años de lucha, tú reivindicación necesaria para defender y profundizar el actual Estado de Bienestar. Por todo ello te convocamos a movilizarte el próximo 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores.

Defiende tus derechos.