La Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia (FECCOO) presentó este jueves dos recursos de alzada contra las instrucciones de la Consejería de Educación que exigen el consentimiento de los padres a autorizar las actividades complementarias en los centros educativos, respondiendo así únicamente a las peticiones de la extrema derecha en su afán de atacar la libertad de cátedra del profesorado y menoscabar la educación.

El recurso de alzada destaca que tanto el Decreto 198/2014 de Educación Primaria como los Decretos 220/2015 y 221/2015 de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma "constituyen normas de carácter superior frente a una Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Educación", estableciéndose explícitamente la inclusión de las actividades complementarias en la programación docente, "no legitimando en ambos textos a las familias en las decisiones con respecto a su implantación".

Ambos decretos subrayan que "las programaciones docentes serán elaboradas" por los maestros del mismo curso de Primaria y los departamentos de Secundaria, "teniendo en cuenta el currículo fijado" y añaden que esa programación deberá contener la relación de actividades complementarias para ese curso escolar.

"Se consideran actividades complementarias aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias de la materia, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización", precisan los decretos.

Además, "serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas", agregan las normativas.

Por tanto, CCOO Enseñanza exige a la Consejería de Educación que la resolución administrativa impugnada sea declarada nula por vulnerar normas de rango superior porque, en caso contrario, incurre en una infracción jurídica.