El Gobierno reabre la brecha digital en las pequeñas localidades rurales, ya que ha modificado las ayudas del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA) imponiendo que los proyectos que se presenten tengan una cuantía mínima de 100.000 euros, una medida que ha llegado "en pleno periodo electoral y aprovechando la Semana Santa".

Desde la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (AOTEC), que representa a un sector con casi 800 empresas en España, su presidente, Antonio García Vidal, ha tildado el cambio en los incentivos del PEBA de "incomprensible", ya que "atenta contra el propio fin de estas ayudas" al dejar fuera del despliegue de banda ancha a pequeñas localidades rurales que carecen de interés para las grandes operadoras y no permitir optar a ellas a operadores alternativos", pese a que la inversión necesaria para llevar internet de banda ancha a una pequeña población "es muy inferior a los 10.000 euros".

Estos incentivos ya primaban a los proyectos que incorporaban a un mayor número de municipios. Ahora, al establecer un mínimo económico, se acentúa este factor, obligando a presentar proyectos más amplios y con más poblaciones. Sin embargo, la experiencia demuestra que los operadores dominantes "después renuncian a parte de estas ayudas porque en realidad los proyectos no les salen rentables, abandonando pequeños municipios, que quedarán condenados a seguir esperando para tener conexión de banda ancha pese a que hubiera operadores locales interesados en abordarlos. Esto ya ha pasado y ahora se volverá a repetir, se está insistiendo en el error y perjudicando al mundo rural".

La modificación en las ayudas llega después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechazara de plano, por anticompetitivo, el borrador de orden del Ministerio de Economía con el que éste pretendía otorgar sólo un proyecto por provincia. "Claramente querían que sólo se presentaran las grandes empresas y ahora lo logran por otra vía, estableciendo el mínimo de 100.000 euros de cuantía subvencionable", explica García Vidal, quien considera que esto demuestra el "desprecio" del Gobierno por las pequeñas y medianas empresas locales dispuestas a invertir, a las que se "discrimina" en las ayudas.

El operador local es un experto en la creación y gestión de redes en pequeñas poblaciones, dado que llevan 30 años prestando servicio en municipios de menos de 50.000 habitantes, contribuyendo a eliminar la brecha digital y a evitar la despoblación con sus propias empresas, generadoras de 6.000 puestos de trabajo directos en zonas rurales. Se elimina por tanto "de un plumazo la competencia que tenían las grandes operadoras y que les hacía realizar propuestas con costes más ajustados, lo que repercute en una mayor eficiencia de los fondos públicos". "Seguiremos expandiéndonos a pulmón, con nuestros recursos, aquí los perjudicados de verdad son los habitantes de las pequeñas poblaciones".

AOTEC mantuvo en marzo una reunión con el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa, Roberto Sánchez, en la que la asociación expuso las capacidades del sector, que es "tres veces más eficiente con el uso de las ayudas públicas que las grandes empresas", tal como demuestran los datos del propio Gobierno. Así, en la anterior convocatoria de ayudas el coste de cablear una unidad inmobiliaria en pequeñas localidades rurales por unoperador local fue de 62,40 euros de mediafrente a los171,99 euros de los operadores regionales y nacionales.

España, tercer país de la OCDE en banda ancha

García Vidal considera que dejar fuera a pequeñas localidades y pymes de las ayudas "a sabiendas" supone favorecer a las grandes compañías y se preguntó "cuál será la razón que se esconde detrás". "No es lógico que las pequeñas empresas que están en zonas rurales tengan que expandir sus líneas con fondos propios mientras que a las grandes compañías se les paga con dinero público por ir a esas mismas poblaciones", añade.

El "sinsentido" de este cambio es mayor, subraya, cuando se mira la penetración de la banda ancha en España, que es el tercer país de la OCDE sólo por detrás de Corea del Sur y Japón, con mayor porcentaje de población cubierta por redes de gran capacidad de acceso a Internet. "Y eso se ha logrado con la participación de los operadores locales de telecomunicaciones", asevera.

Además, García Vidal ha lamentado que "ni si quiera se nos haya advertido de la posibilidad de este cambio, sino todo lo contrario, se nos enviaban mensajes de tranquilidad y de que no habría variaciones en la convocatoria".

A su juicio considera que la actitud del Gobierno demuestra que "simplemente no cree en las capacidad y profesionalidad de las pymes españolas y prefiere dar el dinero de todos los españoles a empresas multinacionales", preguntándose "cómo pretende el Gobierno que así las pymes ganen fortaleza y crezcan, y con ellas la economía del país, si se les vuelve la espalda".

En este sentido, explica que los operadores tienen capacidad económica para acudir a la convocatoria, pero que su forma de crecer habitual es la de expandirse hacia municipios cercanos, por lo que podrían acudir coordinadamente a la convocatoria asociándose en Utes para abarcar un mayor número de poblaciones, algo inviable con sólo un mes de plazo.

Por último, desde AOTEC se descarta que la razón de esta modificación sea la "eficiencia en la gestión", dado que hasta ahora las ayudas se han venido otorgando sin problemas. Plantear eso es lo mismo que decir "quiero tener que revisar menos proyectos, y por eso restrinjo el número de empresas que pueden acceder, no es un argumento serio, no se sostiene".

Los incentivos del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, al que el Gobierno destina 150 millones de euros para proyectos a desarrollar dentro de los tres próximos años, se publicaron el pasado 17 de abril en el BOE y el plazo para la presentación de proyectos concluye en apenas un mes, el 20 de mayo.

El operador local

En España existen un total de 787 operadores locales que prestan servicios de telecomunicaciones en España, un sector con una cuota de mercado del 2,95% y unos ingresos de explotación de unos 760 millones de euros anuales, que ha evolucionado aumentando el empleo un 33% en cinco años hasta las 6.000 personas, según el primer estudio que se realiza en España sobre estas pymes por la Universidad Politécnica de Cartagena.