La Comunidad Autónoma ha informado hoy a los miembros de la Mesa del Libro Blanco de la Construcción de la nueva regulación normativa que permite la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en la Región de Murcia.
La nueva regulación permite conceder la calificación necesaria para llevar a cabo la construcción de promociones de viviendas protegidas en la Región, al tiempo que obtener la licencia de obras en el consistorio correspondiente.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, informó hoy en el transcurso de la reunión del Libro Blanco de la Construcción la nueva regulación, que entra ya en vigor, y añadió que "es transitoria mientras se aprueba el reglamento de la Ley de Vivienda, que se encuentra en tramitación".
Valverde destacó que esta iniciativa "contribuye a incentivar el acceso de las personas a una vivienda con unos precios más asequibles para todos, además de promover la actividad de nuestras empresas para dinamizar la economía regional y el empleo".
Además, determina que las viviendas protegidas se destinarán a domicilio habitual y permanente de personas con determinados recursos económicos sin exceder el límite que establece la normativa, regulada habitualmente por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Los precios máximos de venta y renta vendrán recogidos en una orden que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).
Las viviendas protegidas tendrán una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, serán de promoción pública o privada y se clasificarán para venta, uso propio o para arrendamiento, con o sin opción de compra.
Contratación de obra pública
Asimismo, se ha informado de la homogeneización y simplificación de criterios en la contratación pública para todos los centros directivos de la Comunidad Autónoma, lo que permite agilizar la tramitación de los proyectos de obras y de servicios, favorecer la actividad empresarial y la creación de empleo.
Por un lado, se establece el procedimiento abierto simplificado con un solo criterio de adjudicación sobre el que contiene la documentación administrativa y la oferta económica y, por otro lado, se ha fijado la utilización de varios criterios en los contratos relativos a servicios de ingeniería y arquitectura, dando especial relevancia a la calidad de los trabajos, la seguridad, la salud, el aspecto medioambiental y el valor social destinado a fomentar el empleo en los contratos relativos a servicios de ingeniería y arquitectura.
El consejero destacó que "el valor de esta homogeneización radica en que ha sido consensuado con los profesionales del sector para dar más garantías y transparencia al procedimiento de contratación pública".
Por último, se ha dado cuenta de la nueva instrucción técnica en materia territorial y urbanística para unificar la terminología utilizada por todos los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma en los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Esta iniciativa va a posibilitar, según el consejero, que "los técnicos redactores de las administraciones locales y la Comunidad hablen el mismo idioma al estandarizar la documentación y los criterios de elaboración, así como la denominación y las siglas de los distintos instrumentos de planeamiento y procedimientos".
Esta medida facilitará la comprensión, evitará la disparidad de criterios, agilizará los trámites y, por tanto, reducirá los tiempos en la tramitación para su aprobación definitiva.
