PP y Ciudadanos se unen a PSOE y Podemos para blindar competencias ruinosas y convertir en ley los dogmas más sectarios de la ideología izquierdista

Los cuatro partidos presentes en la Asamblea Regional de Murcia están aprovechando las últimas horas de la legislatura para pergeñar, a toda velocidad y con opacidad absoluta, una reforma estatutaria claramente lesiva para los intereses de todos los murcianos.

Mientras presumen de transparencia en ámbitos de escasa importancia y pregonan su apuesta por el cogobierno con los ciudadanos, los cuatro partidos urden a escondidas una reforma estatutaria sobre la que no han ofrecido ninguna información.

Lo publicado en un medio regional, no desmentido por ninguna de las partes, nos sitúa además frente a un nuevo Estatuto de Autonomía que traspone al principal texto legal de la región las leyes ideológicas de la izquierda. Así ocurre con el derecho a la identidad de género, la memoria democrática o el derecho a una muerte digna que, bajo enunciados aparentemente neutros, esconden el proyecto real de la izquierda de elevar a rango de ley medidas tan sectarias como la ideología de género, la memoria histórica o la eutanasia.

Junto a este entreguismo a las tesis izquierdistas, los cuatro partidos apelan a un nebuloso derecho al agua sin mencionar los trasvases y advirtiendo que ese derecho deberá concretarse por métodos sostenibles. Teniendo en cuenta que la izquierda y los grupos ecologistas han decidido que los trasvases no lo son, la firma de esa reforma es toda una invitación a que el próximo Gobierno de España cancele definitivamente el Trasvase-Tajo y Segura con las consecuencias pavorosas que eso provocaría en todo el sureste español.

Finalmente, este tetrapartito de conveniencia pretende blindar las competencias de educación y sanidad, haciendo inviable su devolución al Estado como aconseja un elemental sentido común para evitar el disparatado derroche autonómico y la actual situación de desigualdad de los españoles.

Una reforma estatutaria de estas características, profundamente sectaria y elaborada de espaldas a la sociedad, es un insulto a todos los murcianos, a los que se está privando de participar en un proceso que les afecta directamente.

El entreguismo de PP y Cs a las tesis de PSOE y Podemos en este asunto es una prueba más de la traición de las dos primeras formaciones a sus votantes, a los que están ignorando para blindarse en el tiempo de descuento de la legislatura y por métodos más propios de regímenes oscurantistas que de un parlamento democrático y moderno.

PP y Ciudadanos deberán explicar a todos los murcianos por qué van a firmar una reforma estatutaria, a escondidas y directamente en contra de los intereses generales que dicen defender.