El sector de Medios de CCOO en la Región de Murcia deplora la guerra empresarial que deja sin empleo a 40 trabajadores y trabajadoras del programa Murcia Conecta, que emite la televisión pública autonómica La7. Se trata de una muestra más de una gestión nada eficiente del servicio público audiovisual, en la que la lucha de empresas privadas por optar a la próxima renovación de la concesión del servicio de televisión tiene consecuencias directas sobre productores, técnicos y periodistas, sobre sus trabajos y sus familias, y sobre la calidad del producto que ofrece a los murcianos la televisión pública.

Una vez que Televisión Murciana ha anunciado que optará a conseguir esa concesión, que debe renovarse dentro de un año, el Grupo Secuoya ha decidido prescindir de los servicios de la que es actualmente su principal subcontrata, y romper unilateralmente el convenio con Televisión Murciana para la realización del programa Murcia Conecta.

El último informe realizado por el Ente Radiotelevisión Región de Murcia, encargado de controlar el cumplimiento del contrato-programa suscrito con el concesionario Grupo Secuoya, muestra que no existen razones de audiencia para finalizar la emisión de Murcia Conecta. Muy al contrario, se trata de un espacio que duplica ampliamente la obtenida por 7tv durante todo el pasado año (2,9 %) con una media del 6,5 % y máximos del 15 %. La fórmula y los medios técnicos del programa - tanto por la información de proximidad como por su cota de calidad- han obtenido la realización de un espacio similar en la pública valenciana À Punt.

La decisión del Grupo Secuoya tiene como consecuencia que 40 personas pierdan el trabajo que vienen desarrollando con gran profesionalidad y éxito en Televisión Murciana, a pesar de las condiciones de precariedad sufridas desde hace años en una compañía sin convenio colectivo vigente, con condiciones de contrato cuestionables y con salarios muy por debajo de categorías equivalentes en otros medios de comunicación. Mientras Televisión Murciana entra en competencia frontal con el Grupo Secuoya, no parece haber pensado en un plan de contingencia para sus empleados de Murcia Conecta, que en los últimos años han supuesto, además de ingresos económicos apreciables, una fuente de reconocimiento social y prestigio profesional.

En cuanto al papel del Ente Radiotelevisión Región de Murcia (RTRM), está limitado por la normativa legal a mero controlador de audiencias y horas de emisión pública de la concesión televisiva, carece de competencias de contratación o sanción, y viene enfrentándose a la falta de transparencia y franco desprecio por parte del Grupo Secuoya, tal y como consta en el informe citado y presentado por la dirección general del Ente ante la Asamblea Regional, donde se relata cómo la consejería de Hacienda es el único organismo con capacidad para establecer ese tipo de condiciones, llegándose a afirmar que: "Desde el punto de vista efectivo, el papel actual de RTRM es, simplemente, el de una pantalla decorativa que oculta el hecho de que la televisión pública autonómica está directa y exclusivamente controlada por el Gobierno autonómico, contrariamente a los presupuestos de la LGCA (Ley General de Comunicación Audiovisual)".

En cuanto a los grupos políticos emanados de las elecciones autonómicas de 2015, tuvieron un loable impulso de reforma, que llevó a la Asamblea Regional la propuesta de elección del director general de RTRM, pero no consiguieron acuerdo para llevar más allá esos cambios legales, principalmente para ampliar la gestión pública directa de la televisión y para encarar un modelo de radiotelevisión pública que atienda al presente y al futuro, donde nuevos públicos y nuevos profesionales deben atender a las necesidades del derecho fundamental a la información. Y deben hacerlo desde un puesto de trabajo digno, para ofrecer la mejor calidad al ciudadano.

Ahora, en vísperas de elecciones, queda de manifiesto un trabajo sin hacer y promesas sin cumplir.

Desde el Sector de Medios de CCOO-RM exigimos

Al Grupo Secuoya y a Televisión Murciana que, en aras de la buena práctica empresarial, solventen sus diferencias sin que haya merma de puestos de trabajo.

A los partidos políticos que, de modo urgente y público, expresen su solidaridad con los más perjudicados por esta situación, los trabajadores que pierden sus empleos.

A los candidatos autonómicos de los partidos, que expresen su compromiso con una radiotelevisión pública plural, digna y cumplidora en todos sus extremos con la legislación laboral.

Al gobierno regional que apoye decididamente la transparencia y la ética empresarial en las empresas que, directa o indirectamente, dependen del dinero público, tal y como obligan los distintos pactos suscritos con empresarios y fuerzas sindicales.

A toda la ciudadanía y cargos públicos, rogamos que no olviden que unos medios públicos fuertes e independientes de los poderes son motor e indicador de la calidad democrática de los pueblos.