El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos para que se proceda al desarrollo de un programa voluntario de cooperación entre la administración regional y municipal, que asegure las condiciones de habitabilidad, climatización y seguridad en las infraestructuras educativas.
Según la iniciativa aprobada el programa de cooperación se llevará a cabo a través de la realización de un convenio, cuyo objeto sería la delegación de competencias en la entidad local que lo suscriba, respetando lo dispuesto en la ley reguladora de 1985 de las bases del régimen local, de modo que los ayuntamientos sean los responsables de la gestión y la certificación de la obra, mientras que el Gobierno regional se haría cargo de la financiación.
Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, ha señalado que es necesario que se lleve a cabo este convenio “porque en líneas generales las infraestructuras educativas de la Región de Murcia dejan mucho que desear. Muchos centros educativos presentan deficiencias por falta de espacios, por carecer de zonas de sombraje, o por estar inadecuadamente climatizados”. En este sentido Molina considera que los fondos deben ser destinados al mantenimiento o a la renovación estructural de centros, que sin ser barracones, no cumplan con las condiciones básicas de habitabilidad y bioclimatización, así como a proyectos relacionados con la retirada del amianto.
A la hora de ejecutar estas obras, Molina ha señalado que una de las causas de las carencias de los centros educativos, se debe a la complejidad burocrática para llevar a cabo las obras por la falta de cooperación entre la administración regional y la local. “Por tanto, el objetivo es que la Consejería de Educación pueda delegar, tal y como permite la ley, en aquellos ayuntamientos que, voluntariamente, quieran sumarse a esta iniciativa, para que éstos puedan intervenir de manera activa en la mejora de estos centros y en la agilización de las obras de los proyectos”.
“Así pues, debemos establecer las bases para conseguir que los ayuntamientos no solo se sientan implicados, sino que, además adopten un planteamiento activo ante la educación, que planifique y ejecute sus propios acuerdos, y que colabore con otras administraciones en la regulación y gestión de la calidad educativa de su territorio; es decir que el Gobierno local se haga corresponsable, junto a la administración regional, de la educación de los jóvenes, y de la conservación y buenas condiciones que deben tener las infraestructuras educativas de nuestros municipios”, ha finalizado el diputado de la formación naranja.
