Desde el Área Pública de CCOO exigimos la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación para negociar la aplicación del Fondo Adicional del año 2018 y del fondo adicional del año 2019.
El articulo 18.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 establece, en su último párrafo, que "además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones...", que es una traslación de una de las medidas del II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, que fue firmado por CCOO como sindicato más representativo y con más representatividad en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Ese 0,2 por ciento que no sabemos dónde está o si se lo ha gastado la Consejería en no se sabe qué.
Podrá parecer que un 0,2 por ciento es una cifra ínfima. En realidad, aunque lo fuera, que no lo es, es de todas las empleadas y empleados públicos, fue firmado en Madrid, publicado en la Ley de Presupuestos Generales, y la Consejería de Hacienda no puede disponer del mismo a su voluntad.
Es 0,2 por ciento es también un dinero que se consolida, si lo encontramos claro, en los Presupuestos Generales de la CARM. Pero no sabemos dónde está o en qué se lo ha gastado la CARM. Es importante saber que ese 0,2 por ciento suponen casi 4,5 millones de euros de un presupuesto consolidado de 2.236 millones de euros en el Capítulo I para 2018.
Por ámbitos sectoriales, la Consejería de Hacienda nos ha quitado, repetimos, a todas y todos los empleados públicos, casi un millón y medio de euros al personal docente, casi 600.000 euros al personal de Administración y Servicios, 220.000 euros al personal de los Organismos Autónomos (IMAS, ATRM, IMIDA...) y unos 2.200.000 euros al personal del SMS.
Si la cantidad total acumulada se multiplica, por ejemplo, por 10 años, nos encontramos que la Consejería de Hacienda nos quitará casi 45 millones de euros. Y si lo multiplicamos por cuatro años, periodo para que docentes y personal de administración y servicios cobremos el cien por cien del primer tramo de la carrera profesional y el personal del SMS el cuarto tramo, nos habrán quitado, robado es un sinónimo, casi 18 millones de euros.
El reparto de este 0,2 por ciento de la masa salarial se tenía que haber negociado en la Mesa General de Negociación y en las respectivas Mesas Sectoriales.
El filibusterismo del Gobierno Regional va a conseguir que el Acuerdo, firmado el pasado 12 de noviembre de 2018, por la Consejería de Hacienda con sus sindicatos de cámara (CEM, SPS, FSES (SATSE + ANPE + Sanidad Somos Todos + Sucursal FSES en el ámbito de la Mesa de Administración y Servicios) nos cueste dinero a las y los empleados públicos de la CARM. La Consejería de Hacienda va a hacer caja con los acuerdos firmados en el estricto ámbito regional, sustrayendo también de los Presupuestos Generales parte de lo firmado en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, como el 0,2% de los fondos adicionales para 2018, y el 0,25% de los fondos adicionales para 2019, porcentaje que tampoco se ha negociado y que supones otra cantidad nada desdeñable, lo que elevaría lo sustraído a las y los empleados públicos a casi 35 millones de euros de aquí a 2022, año en el que se terminará de cobrar el último porcentaje del primer tramo de la carrera profesional del personal docente y de administración y servicios y el último porcentaje del cuarto tramo del personal del SMS.
