Ciudadanos insiste en que la Ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción se apruebe antes del final de la legislatura

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La formación naranja ha aportado 150.000 euros de los presupuestos regionales para el desarrollo de esta ley y 300.000 euros para el Consejo de la Transparencia

Ciudadanos insiste en que la Ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción se apruebe antes del final de la legislatura

Ciudadanos ha pedido durante  el desarrollo de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, que se ha celebrado esta mañana en la Asamblea Regional, la implicación del resto de fuerzas políticas para que la Ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción impulsada por la formación naranja se apruebe antes del final de la legislatura “para poner fin a las numerosas carencias de la ley actual y para dotar a la Región de Murcia de un marco de seguridad y confianza en el respeto del derecho a saber de sus ciudadanos”. La formación naranja ha aportado 150.000 euros de los presupuestos regionales para el desarrollo de esta ley una vez que sea aprobada y 300.000 euros para el Consejo de la Transparencia

Tras la comparecencia en la Asamblea Regional de Noelia Arroyo, consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Juan José Molina, diputado de Ciudadanos, ha señalado que desde Ciudadanos va a hacer todo lo posible porque esta ley salga adelante. “Haríamos un flaco favor a la ciudadanía si el 29 de marzo no hemos sido capaces de debatir y aprobar esta ley para poner fin a la caótica situación de falta de competencias, independencia y capacidad del Consejo de la Transparencia y para lograr que éste se sitúe al nivel del resto de Comunidades Autónomas”.

En este sentido, Molina ha señalado que la actual ley de transparencia aprobada en 2014 ha resultado ser un instrumento de escasa utilidad y que en lugar de solucionar problemas los ha causado. “Se creó el Consejo de la Transparencia como un órgano que no disponía de personalidad jurídica, con lo cual no tenía capacidad para gestionar su propio presupuestos y además dependía, y sigue dependiendo, del mismo poder al que tiene que controlar por lo cual está atado de manos. Además la ley no tiene competencias sobre los Ayuntamientos y tampoco tiene capacidad de sanción ante los incumplimientos. Por tanto se trata de una ley manifiestamente mejorable y desde Ciudadanos nos hemos propuesto hacerlo antes del final de la legislatura”.

Con respecto al cumplimiento de los presupuestos de años anteriores. Molina ha lamentado que la Consejería no haya atendido adecuadamente al Consejo de la Transparencia “porque este año solo se ha ejecutado un 45% del presupuesto destinado a este organismo, mientras que en 2017 solo se ejecutó un 17%. Por ello ha sido imposible que lleve a cabo los trabajos y las tareas que tiene encomendadas de forma adecuada”.

“La transparencia es fundamental dado que venimos de una época en la que la corrupción y el clientelismo han empañado gravemente la imagen de nuestra Región. Además hemos dedicar más fondos para el desarrollo adecuado del Consejo de la Transparencia, pero lo más importante es cambiar el marco legislativo ya que el actual no responde a las necesidades de las instituciones y de la regeneración”, ha finalizado Molina.

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