El Colegio de Abogados de Murcia ha convocado una concentración que tendrá lugar el próximo día 21 de noviembre a las 13:00 horas en la Ciudad de la Justicia, para reclamar un Turno de Oficio digno y una Ley de Justicia Gratuita acorde a la función social de la abogacía. La decisión se tomó tras una asamblea informativa.
Además, se elaboró un manifiesto que recoge los acuerdos de la junta de gobierno de la institución y que son los siguientes:
Mantener nuestra postura reivindicando la necesaria y urgente modificación de la Ley y Reglamento de Justicia Gratuita, no solo en cuanto a los problemas de tramitación y concesión de la Justicia Gratuita, si no también y más concretamente en el establecimiento de unos módulos indemnizatorios dignos, acordes con la labor desempeñada por los Letrados (servicio mejor valorado por los usuarios de la Administración de Justicia según Metroscopia) y la necesaria unificación de importes indemnizatorios en todas las comunidades autónomas, superando el actual estado de desigualdad territorial.
Asimismo, seguimos y seguiremos reivindicando la necesaria inclusión de una cláusula de actualización automática; la imperiosa baremación de actuaciones profesionales que no están contempladas y que suponen que en muchos casos la asistencia gratuita no sea retribuida al Letrado, soportando la abogacía el peso de la Justicia Gratuita cuya calidad y buen servicio se atribuye luego la Administración. Y por último, que siempre y en todo caso se indemnice al abogado en su actuación, sin perjuicio del derecho de la Administración a su repetición por la vía de apremio (de la que no gozamos los Letrados) al justiciable que le sea denegada dicha Justicia Gratuita tras haber sido asistido.
Que nos oponemos a que a los abogados se nos quiera contentar con la Orden Ministerial JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, publicada en el BOE de hoy, donde:
Solo se actualizan parcial y desigualmente algunos baremos.
Donde el incremento parcial efectuado no llega al mínimo del 30,6 % como este Colegio demandó en su informe al CGAE.
Donde tampoco se contemplan actuaciones profesionales demandadas en nuestro informe que obedecen a los cambios legislativos y actuaciones realizadas por los letrados.
Donde tampoco se contempla la actualización de dichos baremos a futuro, como constantemente se ha demandado.
Donde se silencia nuestra petición de pago de los servicios prestados por los letrados, con independencia de que posteriormente se reclame por la administración al justiciable su importe si no tiene derecho a justicia gratuita.
En conclusión, y a pesar de las promesas del pronto pago de los meses adeudados y del pago mensual de las actuaciones justificadas, cuyo cumplimiento exigimos, mantenemos firmemente nuestra postura para evitar que esta nueva Orden Ministerial sea un parche más para silenciar a la abogacía, que viene desde años luchando por estas reivindicaciones sin que los poderes públicos nos hayan escuchado.
