Miguel Sánchez: “Es necesario arreglar este problema que han generado PP y PSOE por su nefasta gestión urbanística mediante una carta de naturaleza provisional. La última palabra la tendrían los municipios”
El pleno de la Asamblea Regional ha rechazado la enmienda a la totalidad que han presentado PSOE y Podemos a la proposición de Ley de Aceleración Empresarial registrada por Ciudadanos y PP, por lo que la iniciativa continúa su tramitación parlamentaria.
Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, ha mostrado su satisfacción “porque concebimos esta ley con el objetivo de solucionar la situación de unas 20.000 empresas, que por estar fuera del ordenamiento, se encuentran en un “limbo jurídico”, además de que esta ley tiene que salir adelante porque es necesario ofrecer una solución dentro de la legalidad a un problema que afecta a 50.000 trabajadores”.
En este sentido, Sánchez ha resaltado que la situación actual “sólo deja pie a tres opciones: cerrar las empresas que cumplen con la legislación sectorial y medio ambiental; mirar para otro lado y no afrontar este problema; o la que propone Ciudadanos, que es arreglar este problema que han generado PP y PSOE por su nefasta gestión urbanística, mediante una carta de naturaleza provisional. La última palabra la tendrían los municipios”.
Con respecto a la propuesta presentada por PSOE y Podemos, Sánchez ha lamentado que “la izquierda y la extrema izquierda se hayan dado la mano en criticar esta ley y lo han hecho sin ningún rigor, porque es una ley que incide en la licencia de actividad y no en el urbanismo. Además los solicitantes de estas licencias deben cumplir con todos los trámites y requisitos correspondientes”.
“PSOE y Podemos se centran en la crítica, tal vez porque no saben cómo afrontar el problema de una actividad que cumple con todos los requisitos sectoriales, incluyendo el medio ambiental y que genera trabajo no puede hacer su actividad por un problema de planificación urbanística y que se debe principalmente a que los ayuntamientos no han hecho sus deberes”, ha añadido el diputado de la formación naranja, quien ha resaltado que la última palabra la tendrán los ayuntamientos, que disponen de un plazo de tres años para adaptarse a la normativa autonómica.
