"Han causado un revuelo e indignación completamente innecesarios entre el voluntariado de Cruz Roja"

La formación va a presentar un escrito a la Alcaldesa para que se den explicaciones sobre lo que parecer apuntar a una nefasta gestión en relación a la licitación del servicio de salvamento en playas para este año 2018.

Según las noticias publicadas, la empresa Ambulorca, ha anunciado que demandará al Ayuntamiento por la anulación del concurso que ya estaba en marcha y próximo a finalizar.

Según la legislación, el Consistorio debería indemnizar a las empresas perjudicadas por esta anulación, por los gastos en que hubieren incurrido. Esto podría llegar a suponer una suma importante que el Ayuntamiento no ha hecho pública.

Francisco Martínez, Coordinador de la Formación ha lamentado el revuelo ocasionado al darse a entender que los voluntarios de Cruz Roja podrían no desempeñar, este año 2018, los servicios de vigilancia de playas y salvamento. También declaraba Martínez no entender cómo el Equipo de Gobierno no paralizó, semanas antes el proceso, "sabiendo" que tenían un convenio firmado que seguiría vigente este año, como el propio Concejal Tomás Consentino admitía en sus declaraciones a la Verdad referentes a que Cruz Roja comunicó la existencia de ese convenio al iniciarse el proceso de licitación (primeros días de marzo).

"Nos ha parecido una actitud irresponsable por parte de quienes toman las decisiones en el Equipo de Gobierno. Vamos a pedir explicaciones sobre cómo se ha gestionado este proceso, el coste que tendremos que abonar los aguileños y porqué, cómo parecen apuntar los hechos, se esperó hasta la apertura de sobres" ha comentado Martínez que ha insistido en el daño infringido, tanto a la empresa que quería optar a prestar el servicio, como al propio voluntariado de Cruz Roja que, de la noche a la mañana, han visto peligrar aquello para lo que llevan años preparándose y formándose con ilusión. "No han dejado títere con cabeza" ha finalizado Martínez.

La formación naranja no descarta pedir la asunción de responsabilidades políticas si se demuestra mala praxis o pésima gestión en un tema tan sensible y delicado como este. La nueva política exige que nuestros gestores municipales sean coherentes, serios y asuman sus errores en lugar de acomodarse y esperar que sea "el pueblo" el que pague las facturas de su incompetencia y administración deficiente.