La Asociación de Naturalistas del Sureste valora de manera positiva el auto de la juez de instrucción nº 2 de Murcia, comunicado el día de hoy, que acuerda el procesamiento de los exconsejeros de la Comunidad Autónoma Antonio Cerdá (Agricultura), Francisco Marqués (Medio Ambiente) y Joaquín Bascuñana (Ordenación de Territorio), por el caso Novo Carthago de presunta corrupción urbanística.
ANSE, que ejerce la acusación particular en este caso, también considera acertado el procesamiento de otros directores generales y asesora de los citados consejeros, y opina que el auto judicial apunta a parte de los principales responsables de una recalificación de suelos que incumplió las normas ambientales, y que hubiera supuesto un enorme impacto ambiental, probablemente la puntilla, en el entorno de la mayor laguna litoral española, el Mar Menor, gravemente afectada por otros muchos problemas de envergadura.
La Asociación de Naturalistas del Sureste ha estado presente en todos los trámites administrativos y judiciales de este caso, y advirtió desde el principio de las negativas consecuencias ambientales y sociales de una urbanización masiva (8.000 A 10.000 viviendas, 2 campos de golf, hoteles y diversas infraestructuras) al Sur del Mar Menor, manteniendo incluso 4 reuniones sobre este asunto con el expresidente Ramón Luís Valcárcel.
Aunque el archivo de las imputaciones de responsables políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena pudiera parecer sorprendente, pues han sido cooperadores necesarios de la tramitación de la recalificación de suelos, hace recaer la responsabilidad principal en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, verdadero impulsor de este despropósito, que supuso enormes pérdidas económicas para la extinta CAM o, más recientemente, para el Banco de Santander.
Las consecuencias económicas de este proyecto fueron aún más allá, y afectaron también a la urbanización limítrofe de Lo Poyo, cuya declaración de impacto ambiental favorable fue aprobada por la Comunidad Autónoma simultáneamente a San Ginés de La Jara (Novo Carthago). No debe olvidarse que el mismo expresidente Valcárcel anunció en el parlamento regional que había ordenado paralizar el proyecto de Lo Poyo en beneficio del proyecto de Novo Carthago, después de las denuncias de ANSE.
Aunque la investigación se ha prolongado durante varios años, ANSE opina que tanto la fiscalía como la jueza han realizado un buen trabajo que facilitará la posible condena de los exaltos cargos regionales del Partido Popular, y podrían terminar con la anulación de la tramitación administrativa, que recientemente ha intentado retomar la empresa promotora, Hansa Urbana, ante el Ayuntamiento de Cartagena.
Valorando la enorme importancia de la imputación de tres exconsejeros del Gobierno Regional, Joaquín Bascuñana, Francisco Marqués y Antonio Cerdá, ANSE sigue considerando a Valcárcel como máximo responsable del disparate urbanístico y ambiental de Novo Carthago.
Pedro García, director de ANSE, confía en que la resolución judicial del caso Novo Carthago termine de forma parecida al de La Zerrichera, y varios altos cargos sean condenados por prevaricación entre otros delitos, acordándose la anulación definitiva de la recalificación de suelos. Las zonas agrícolas al sur del Mar Menor deberían de mantenerse al menos como No Urbanizable de Conservación del Mar Menor, y parte de ellas tendrían que ser restauradas ambientalmente pasando a titularidad pública.
La gran diferencia con el caso de La Zerrichera es que el Gobierno de la Comunidad Autónoma no ha aprovechado la aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 del Mar Menor y su entorno para anular definitivamente la recalificación de suelos de Novo Carthago, en una demostración de que “el nuevo gobierno regional no ha aprendido del pasado, y sigue manteniendo propuestas urbanísticas disparatadas para un espacio natural único y gravemente amenazado”.
