Desde la Secretaría de Derechos Sociales y de la Ciudadanía de Podemos Región de Murcia han denunciado que la Región de Murcia se encuentra a la cola en prestación de servicios sociales, con una puntuación de 3,40 sobre 10, mientras que el PP aprueba con la colaboración de C, s, unos presupuestos para 2018 donde las ayudas a dependencia "vuelven a recortarse hasta un millón y medio de euros".
La Secretaria de Derechos Sociales y de la Ciudadanía en Podemos Región de Murcia, María Marín, ha recordado que a raíz de la Ley Montoro, que reformó la Ley 7/1985 que regulaba las Bases del Régimen Local, los Ayuntamientos, siendo la administración más cercana a la ciudadanía han perdido sus capacidades y han sufrido un desmantelamiento de sus redes de Servicios Sociales Municipales" esto según Marín, ha incido en la desaparición de programas de índole municipal en clara conexión con los servicios sociales como por ejemplo, programas de integración social, o los propios servicios de Ayuda a Domicilio.
A esta carencias en las corporaciones locales, ha argumentado María Marín, hay que sumar que el Gobierno Regional "sacó este pasado mes de Septiembre del cajón a la Renta Básica, tras tenerla guardada 10 años" y a día de hoy "aún no sabemos a cuanta gente va a ir destinada".
En lo que respecta al desarrollo de la Ley de Dependencia, la Secretaria de Derechos Sociales de Podemos Región de Murcia ha denunciado las dificultades económicas que suponen para muchas personas poder acceder a las plazas de las residencias concertadas, cuando además las de las residencias públicas escasean, así ha afirmado "las demoras en la asignación de una plaza, unido al encarecimiento de las plazas en residencias concertadas, hace que muchas personas que precisan de esta asistencia no vean sus necesidades cubiertas"
Desde la Secretaría de Derechos Sociales y Ciudadanía de Podemos en la Región de Murcia se ha exigido al Gobierno Regional que se implique de forma inmediata con las miles de familias que se encuentran en esta situación, dependencia, y vulnerabilidad social, cuyos derechos sociales han de hacerse efectivos en tiempo y forma, y ha finalizado afirmando que si un gobierno no es capaz de gestionar y realizar políticas públicas para proteger los derechos sociales de la ciudadanía, para qué sirve ese gobierno.
