La diputada regional de Podemos, María Giménez han defendido que el servicio de agua en los municipios sea recuperado como servicio público, para garantizar el suministro a toda la ciudadanía y para evitar la mala gestión que en muchos casos deriva en tramas de corrupción como es el caso Pokemon
La Diputada Regional y Secretaria de Medioambiente, Mundo Rural y Marino de Podemos Región de Murcia, ha participado en las Jornadas "Gestión del Ciclo Urbano del Agua: Retos y Propuestas" celebradas en Alhama de Murcia y organizadas por la Fundación Nueva Cultura del Agua y por Asociación Española de Operadores Publicos de Saneamiento y Abastecimiento.
La diputada de Podemos, ha explicado que las jornadas han dado la oportunidad a la ciudadanía de conocer de primera mano, con expertos en la materia y representantes de las corporaciones municipales de distintos lugares del país como es el caso de Cartagena, Barcelona o Valladolid, que nos han informado de los diferentes modelos de gestión en torno al agua urbana; y se ha podido comprobar cómo "la gestión directa, publica, democrática y participativa del agua, es mucho menos costosa para la ciudadanía, además de aportar un plus de calidad en el servicio a los municipios"
Giménez, ha señalado que en la Región de Murcia, prácticamente todos los municipios tienen el servicio de agua privatizado y ha incidido en la "opacidad y falta de transparencia con la que funciona la gestión privada de un recurso que es considerado desde 2010 como un derecho humano" y ha añadido que "Sólo un 5% de la población regional es abastecida por un sistema de gestión 100% público".
En este sentido Giménez ha resaltado que en la Región de Murcia tenemos las tarifas de agua más caras de toda España y que "esto ha permitido que las empresas del grupo Agbar, como AQUAGEST (ahora denominada Hidrogea), presentes en empresas mixtas como Emuasa o Aguas de Lorca, se hayan convertido en maquinarias de llevarse dinero público, ahora insertas dentro del caso Pokemon la cual tiene tentáculos en Murcia"
Así ha señalado que mientras que los ciudadanos "pagan el recibo del agua, o se ven sometidos a cortes por no poder pagarla, las empresas que gestionan el servicio podrían estar destinando "gran parte" de esos recibos a "actuar como 'asociación ilícita' ( como afirma la Jueza De Lara en su auto) y a pagar sobrecostes" por lo que "resulta inconcebible que el derecho humano al agua como bien público esté manchado con la trama de corrupción Pokemon que ahora mismo inunda nuestro país"
