Siempre que asistimos al concierto de un artista al que admiramos, nos centramos en pasarlo bien. Cuando nuestros hijos acuden a clase cada día, solo queremos que se formen y aprendan para ser futuros hombres y mujeres de provecho. Al permanecer en un hospital tras una intervención quirúrgica, solo ansiamos recuperarnos cuanto antes, recibir la mejor atención del personal médico e irnos a casa cuanto antes.

Lo que pretendo explicar con todo esto es que, nos encontremos en uno u otro de estos casos, lo que queremos obtener es siempre un servicio con todas las garantías de seguridad.

Todos damos por hecho que, de nuestra seguridad se encargan los competentes en esta materia. Personas a las que no conocemos pero que sabemos que están ahí.

Pero no. Marea Negra a través de estudios de investigación sobre los Planes de Autoprotección, tanto de edificios privados como públicos y nos referimos a colegios, hospitales, universidades… hemos descubierto que tales planes no son de garantía alguna para la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos de toda la Región de Murcia.

El primer documento que trata sobre los Planes de Autoprotección data del año 1984. Se trata de una Orden del 29 de noviembre donde se aprobó el "Manual de Autoprotección" como guía para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de la evaluación de locales y edificios.

Posteriormente a este manual ha habido varias modificaciones, siendo la última y por lo tanto la que deroga a todo lo escrito anteriormente, siendo de obligado cumplimiento. Es el Real Decreto 1468/2008 del 5 de septiembre.

Nuestras preocupaciones son que, existen muchos edificios donde se siguen acogiendo a este documento sumamente obsoleto de más de 30 años de antigüedad. ¿Por qué se permite esto?

Basándonos en lo que recoge la ley en esta región, sobre quién es el personal que realiza estos planes, dice que, se encargará el "técnico competente" de realizar los mismos. Esta definición queda bastante ambigua, por lo que en otras comunidades autónomas ya han legislado a esta figura, indicando que será un ingeniero o un arquitecto quien elabore estos planes, ya que realizan evaluaciones de riesgo tales como tipología y materiales del edificio, cerramientos de exteriores, así como de interiores, etc.

Lo que queremos decir es que la administración de nuestra región con solo indicar técnico competente, deriva una responsabilidad de inmensa magnitud a individuos que carecen de la formación y cualificación necesarias para tal cometido. La figura del técnico superior en riesgos laborales, realiza la mayoría de las veces estas funciones, poniendo en peligro la seguridad de todos.

En cuanto a Protección Civil. Se trata de un órgano que nace desde un ayuntamiento, con el alcalde como máximo responsable, basándose en un reglamento con un organigrama operativo. La figura del Jefe de Agrupación es nombrada por el alcalde teniendo responsabilidades como las siguientes:

Supervisión de los voluntarios, logística y Planes de Autoprotección. Nos volvemos a preguntar, ¿qué formación y titulación tiene este señor?

Se trata de un cargo voluntario sin remuneración, pero sin embargo en ciertos pueblos de la región se sabe que, sí está pagado y muy bien pagado. Normalmente es el amigo de turno del alcalde que lo ha puesto ahí a dedo para que se gane muy bien la vida.

Lo más grave de todo lo dicho es que todas estas funciones de máxima importancia recaen sobre personas que no están preparadas para desarrollarlas, poniendo en peligro a toda la ciudadanía.

En cuanto a los simulacros que, son obligatorios realizar uno al año en todos los edificios públicos y privados como por ejemplo centros comerciales, campos de fútbol, universidades, etc. O sea, lugares que frecuentamos todos, no se están llevando a cabo y la pregunta que se nos viene de nuevo a la cabeza es ¿por qué no se realizan?

Acogiéndonos a una ley de ámbito nacional señala que, las administraciones públicas ejercerán funciones de vigilancia, inspección y control, velarán por el cumplimiento de las exigencias dentro de esta ley. La administración no cumple con el Real Decreto 1468/2008.

Y para finalizar dejamos una pregunta para que la ciudadanía que paga religiosamente sus impuestos se haga a sí misma, ¿dónde queda nuestra seguridad? ¿Por qué se juega con ella?