Evitar el coste del suministro eléctrico a los hogares más vulnerables podría costar más de 300 millones de euros anuales a las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado un proyecto de Real Decreto que regula el llamado Bono Social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica. La norma regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo, obteniendo descuentos del 25% en su factura quienes estén en condición de "vulnerable" y del 40% si se considera "vulnerabilidad severa" (medida ésta en función de la renta anual con relación al IPREM junto a otras circunstancias como por ejemplo familias numerosas o familias compuestas por pensionistas)

Lo preocupante, a juicio de IU-Verdes de la Región de Murcia, es que las eléctricas eviten el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa… ¡si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura!

Afirman que esto es un auténtico disparate teniendo en cuenta los reducidísimos presupuestos con los que cuentan los servicios sociales para hacer frente a las políticas sociales, más aún después de llevar años sufriendo unos recortes desmesurados e indecentes.

Un primer cálculo de hogares potenciales que podrían beneficiarse de la medida indica que serán más de 900.000 familias las que entrarían en el rango de vulnerabilidad severa en función de sus ingresos.

"Yo invito, tú pagas"

Para la formación política, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha aplicado esta fórmula con bajo un puro oportunismo político que derivará en peligrosos efectos perversos, entre los que destacan el importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto (Consejo Territorial de Servicios Sociales), lo que además, generará graves desigualdades territoriales al abordar el asunto.

Asimismo, los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida, por lo que un potencial de gasto anual no previsto de 300 millones no es baladí.

Destacan que se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales, que durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados los recursos y también que se trata de una norma antipedagógica y paternalista, ya que asumir la obligación de pago directo desde la administración no es ir por buen camino, si el fundamento es eximir a los usuarios de su papel en su proceso de inserción.

En otro orden de cosas, consideran en IU-Verdes que se trata de una medida muy parcial en su protección (¿no podemos cortar la luz, pero sí el gas?) y además los servicios sociales se verán obligados a compartir información de ciudadanos con unas empresas privadas que "activarán" estos servicios públicos cuando estimen oportuno.

En cuanto al acceso a la ayuda, estiman que se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos) mientras que otras, mucho más castigadas actualmente, (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.

En relación al consumo energético, aseguran que se incrementará el mismo en estos hogares al máximo establecido, utilizando aparatos eléctricos para la calefacción sin ningún tipo de control sobre el medio ambiente y la eficiencia energética.

Desde la formación política destacan de este asunto, que al margen de lo mal planteado que está este decreto (en teoría de protección social), diseñado totalmente bajo el prisma del asistencialismo, el gobierno se olvida de la cuestión fundamental: el abordaje de la pobreza.

Señalan, que la pobreza es un fenómeno más global y complejo y es una prioridad abordar el debate de cómo asegurar -por dignidad, no por caridad- que los hogares dispongan de ingresos mínimos que les permitan gestionarse y más en un contexto en el que el trabajo ya no garantiza el proyecto vital.

Manifiestan que esta cuestión no atañe únicamente a los Servicios Sociales, por lo que solicitan al gobierno regional y al propio gobierno de la nación que antes de elaborar decretos como éste, con unas deficiencias tan claras y precisas, que garanticen una financiación suficiente para que los centros de servicios sociales puedan realizar políticas sociales eficaces y sostenibles, lejos de los continuos recortes que han estado sufriendo en los últimos años, incluso anteriores a la crisis, y aborden el tratamiento de la pobreza desde una perspectiva holística e interdisciplinar.