Debido a la tasa de reposición de personal público, únicamente 11 personas trabajan en la línea de explotación de la estación de tratamiento de agua potable de "La Pedrera" (Alicante), cuando el propio Gobierno establece un mínimo de 12 trabajadores para que pueda funcionar.

En vez de contratar a una persona para llegar al mínimo, el ministerio ha decidido trasladar a los 11 empleados y externalizar la explotación de "La Pedrera", lo que puede afectar a la calidad del agua en los municipios de la mancomunidad de canales de Taibilla.

Las políticas de personal del Gobierno del Partido Popular, como viene denunciado CCOO, están colocando al borde del colapso a los servicios públicos que presta la Administración General del Estado. El último ejemplo de la precariedad en que se desarrollan estos servicios públicos —que este caso afecta a un elemento esencial de nuestra vida diaria como es la calidad del agua que consumimos— lo encontramos en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de "La Pedrera" en Alicante.

"La Pedrera" abastece a un número de personas que oscila entre 300.000 y 700.000 en período estival. Para atender la explotación de esta estación de tratamiento, según la estimación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se requiere un mínimo de 12 personas en diferentes turnos. Una política de personal del Gobierno que ha restringido —o incluso anulado totalmente— la reposición de las bajas de personal público que se producen por jubilación u otras causas, ha llevado a este organismo a que en estos momentos únicamente cuente con 11 empleadas y empleados públicos, uno menos que el mínimo estimado para atender este servicio público.

Para CCOO esa política de personal es inaceptable. Pero lo son aún más las "soluciones" que se le ocurren al Gobierno para resolver los problemas generados. En este caso el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en lugar de utilizar los mecanismos que le proporciona la normativa laboral —contratación temporal, movilidad voluntaria, etc.— para incorporar a ese único empleado público necesario para alcanzar el mínimo estimado o, lo que hubiese sido más sencillo, aceptar el compromiso escrito de los 11 trabajadores públicos de la explotación de cubrir voluntariamente la sobrecarga de trabajo que pudiera existir, en tanto se resuelve el déficit de personal, ha recurrido a un mecanismo, cuando menos, incompresible.

La decisión del ministerio ha sido trasladar a los 11 empleados públicos de la Estación de "La Pedrera" a otras estaciones que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla tiene distribuidas por las provincias de Albacete, Alicante, Murcia y Almería y externalizar, a partir del próximo 3 de julio, el trabajo que realizaba este personal público, mediante una encomienda de gestión a una empresa externa que, a fecha de hoy y según ha informado el Ministerio a la representación de los trabajadores, aun no está definida.

Las dudas sobre esta forma de proceder del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente son muchas. CCOO, junto a la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores afectados por este proceso de movilidad forzosa que no tiene justificación, se plantea los efectos que tiene esta decisión sobre los derechos de la ciudadanía.

Las empleadas y empleados públicos que, hasta ahora, atendían esta planta tienen años de experiencia y una formación previa antes de asumir la responsabilidad de este trabajo que puede tener consecuencias sobre la calidad del agua que se consume y, por tanto, afectar la salud de la ciudadanía. Sin embargo, en estos momentos, no se conoce la cualificación de los trabajadores que se harán cargo de la explotación de esta planta a través de una empresa externa. ¿Estará garantizada la calidad del agua en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en la que se integra la ETAP de "La Pedrera"?

Otra de las preguntas que surge de inmediato es sobre el coste para las arcas públicas de esta operación y, aunque por ahora no se conoce cuál será el montante por el que la empresa externa se hará cargo de este servicio, no cabe duda que será muy superior al coste de incorporar al único empleado público necesario para alcanzar el mínimo que se estima necesario.

Ante lo insólito de esta decisión, más cara, menos eficaz y que no garantiza la calidad del agua en esta zona del Levante, vienen a la memoria otros intentos de privatización en los Canales del Taibilla así como escándalos relacionados con el agua como el de ACUAMED en el propio Ministerio o el del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid.