El secretario de Educación de Podemos Región de Murcia, Miguel García Quesada, junto con la coordinadora del Área de Acción Juvenil Lorena Lorca han lanzado un mensaje de apoyo a esta campaña que está recogiendo firmas en change.org para en exigir un protocolo para estudiantes transexuales. García Quesada ha querido mostrar el compromiso de toda la organización en la defensa de los derechos de todas las personas, sin distinción ni discriminación alguna.
El secretario de Educación de Podemos Región de Murcia ha anunciado que el Grupo Parlamentario Podemos presentará en la Asamblea Regional una iniciativa para sacar adelante un protocolo que, "en desarrollo de la Ley 8/2016 de 27 de mayo, de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales Transexuales, Transgénero e Intersexuales, garantice, la mejor convivencia en los centros escolares y evitar casos de acoso escolar".
Miguel García Quesada ha explicado que entre otros derechos, se debe garantizar, por ejemplo "el uso del aseo/vestuario de los centros escolares que a todos nos corresponde en virtud de nuestra identidad de género o sexual, manifestada libremente".
Desde el Área de Acción Juvenil de Podemos Región de Murcia, Lorena Lorca ha recordado que la Ley regional de Igualdad y Derechos LGTBI, aprobada en 2016, instaba a la Consejería a elaborar un protocolo para estudiantes transexuales en un máximo de 9 meses. Si bien, según ha explicado Lorena Lorca, "la Consejería ni siquiera se ha reunido con las asociaciones de estudiantes y de LGTBI para acordar todo lo que recogerá el protocolo que recibirán los equipos directivos con las pautas a seguir para lograr que ningún estudiante transexual vuelva a ser enviado a un aseo/vestuario de discapacitados como se denunció el curso escolar pasado".
Acción Juvenil reclama a la consejera de Educación en funciones, María Isabel Sánchez Mora "actuar de inmediato y trasladar a los centros escolares un protocolo y unas directrices claras que hagan valer los derechos de las personas transexuales y eviten nuevas actuaciones discriminatorias. Este debe ser un protocolo apto tanto para el ámbito laboral como el universitario para evitar cualquier tipo de discriminación del colectivo LGTBI en el acceso al mercado laboral y en su desarrollo académico superior".
