El secretario general de la Región y portavoz parlamentario, Óscar Urralburu ha señalado que el objetivo de la proposición de ley registrada en la Asamblea es defender el valor de la educación pública, evitar su discriminación y dar coherencia a la regulación de los conciertos. La meta es, según Urralburu, que la concertada se una "enseñanza subsidiaria de la pública, a través de limitar la concertación a lo fijado en las distintas leyes orgánicas, que se garantice la gratuidad de toda la etapa obligatoria y que no se permita la mercantilización de la educación".
La proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos y que consta de 29 páginas, 6 capítulos, 73 artículos, 8 disposiciones adicionales, 2 transitorias y 2 finales, también contempla la derogación de la orden del 1 de abril de 2017 por la que se permite la concertación del Bachiller, la FP y la extensión de la misma a los 6 años.
Según ha explicado Óscar Urralburu, esta ley exige la planificación de la oferta de plazas, "lo que se denomina mapa escolar y que impide el distrito único. Algo que hasta ahora, ha permitido convertir la educación en un negocio generador de diferencias de oportunidades y segregación social, sobre todo entre los más desfavorecidos".
De ahí, que otro de los ejes fundamentales de esta propuesta sea para Urralburu, que todos los centros que reciben fondos públicos, entre ellos los concertados, cumplan con la "corresponsabilidad social. Es decir, que se eviten los centros gueto y exista integración en todos los centros de aquellos niños y niñas con necesidades educativas especiales, los que sufran problemas con origen socioeconómico o tengan una procedencia de otro país".
Del mismo modo, ha explicado el portavoz parlamentario de Podemos, los centros deben ser corresponsables con alumnos y alumnas que tengan una alta tasa de fracaso escolar o puedan sufrir discriminación por cuestión religiosa, de género u orientación sexual. "Otro de los objetivos de la ley" ha dicho Óscar Urralburu" es que no haya segregación entre chicos y chicas y no se excluya de la matrícula a niños o niñas con identidades sexuales distintas. Con dinero público no se puede discriminar".
Por otro lado, la ley presentada por Podemos busca que los centros concertados se sometan a un auditoria y cumplan con la ley de transparencia y la de presupuestos generales de la CARM. Urralburu ha afirmado que todos los ciudadanos y ciudadanas "tenemos derecho a saber dónde se invierte el dinero público que se da a los colegios concertados. No sabemos nada acerca del destino de ese dinero. Exigiremos por tanto, una contabilidad pública que garantice que los concertados no se aprovechan del dinero de todos y todas para la segregación social del alumnado".
Además, tal y como ha asegurado Óscar Urralburu, la proposición de ley de Podemos también afecta a la contratación del profesorado de los concertados. Otro de los objetivos es "evitar las puertas giratorias en la conexión que hay entre el PP y puestos de docentes en los concertados. Hay que garantizar que cualquier persona puede optar a esas plazas. Nada de clientelismo ni enchufismo. La contratación debe ser acorde con la publicidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que se exige a cualquier otro contrato de la pública".
Por último, Urralburu ha subrayado la importancia de dar estabilidad al profesorado de la concertada para que este no sea sometido "a presiones o los mantengan bajo amenaza de despido si no acatan órdenes impropias de un modelo educativo".
Con la presentación de esta ley, el secretario general y portavoz parlamentario en la Asamblea de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, se pretende dar "cuerpo legal y ámbito de actuación a las movilizaciones de estos dos meses de la comunidad educativa, a cuyos representantes ha sido presentada. Esperamos ahora que el resto de partidos comprendan que es necesario dar estabilidad al sector y que la ley salga antes de junio. Se podría aplicar a partir del próximo curso y derogar esa infame orden de conciertos del 1 de abril".
