La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, se reunió hoy con Fundown, Fadis y Plena Inclusión para tratar sobre las prácticas formativas no remuneradas que las personas con discapacidad intelectual van a realizar en las consejerías de la Comunidad Autónoma. Este año participan en esta iniciativa 20 personas, el doble que en 2016.
A través del acuerdo suscrito entre el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y estas entidades, "el Gobierno regional contribuye en la labor que muchas organizaciones desarrollan a favor de la integración laboral de las personas con discapacidad", afirmó la consejera.
Estas personas realizarán prácticas de auxiliar administrativo y personal de servicios, según determine cada consejería. El periodo de duración y el horario de las mismas lo fijará la Comisión de seguimiento, teniendo en cuenta que el periodo de prácticas no puede superar el tiempo establecido de formación teóricopráctica, un máximo de 7 horas diarias. Al finalizar, el servicio en el que hayan realizado las prácticas emitirá un certificado reconociendo a los alumnos el tiempo de prácticas realizado.
Las entidades han determinado el número de personas con discapacidad que realizarán prácticas. En concreto, 10 personas de Plena Inclusión desarrollarán su trabajo en las consejerías de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, de Educación y Universidades, de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, de Familia e Igualdad de Oportunidades, de Cultura y Portavocía, de Sanidad y de Hacienda y Administración Pública; seis personas de Fadis lo harán en las consejerías de Presidencia, de Hacienda y Administración Pública, de Sanidad, de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (Jumilla). Mientras que cuatro personas seleccionadas por Fundown desempeñarán su labor en el Gabinete del Presidente y las consejerías de Fomento e Infraestructuras, de Sanidad y de Educación.
Ejemplo para la sociedad
Violante Tomás afirmó que "el trabajo es un factor de integración social y en las personas con discapacidad intelectual este se convierte en fundamental. Estas prácticas pueden ser un paso intermedio que favorezca esa integración laboral que deseamos".
"Este colectivo sufre mayores dificultades que la población general para encontrar empleo, a pesar de la existencia de medidas como incentivos económicos, subvenciones o programas dirigidos a las empresas privadas que aseguran, en la medida de lo posible, el derecho constitucional al trabajo de las personas con discapacidad y, en consecuencia, hacer realidad el principio de igualdad respecto al empleo", aseguró la titular de Familia.
En este sentido, la consejera añadió que "la Administración regional, además de emplear a personas de este colectivo, puede ejercer una potencial influencia sobre los niveles de contratación de personas con discapacidad en el sector de la empresa privada". Y concluyó afirmando que "este acuerdo para realizar prácticas es un buen ejemplo para el resto de la sociedad".
