El Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo presentado por la Fiscalía General del Estado por la vulneración del derecho al sufragio de una ciudadana gallega con discapacidad intelectual

Dos murcianas con discapacidad intelectual y del desarrollo de las asociaciones de Plena inclusión Región de Murcia han tomado esta mañana la palabra para reivindicar públicamente en nombre del colectivo un cambio en la Ley Electoral que les permita votar.  Reivindican tanto que se garantice su derecho como el que se pongan los medios para que puedan ejercerlo en igualdad de condiciones: con accesibilidad en la información y apoyos para la participación. De esta forma, apoyan a sus compañeros que en Madrid se concentraban a la misma hora frente al Tribunal Constitucional por este mismo motivo.

Plena inclusión lleva años reclamando este derecho, pero el caso de una joven gallega con discapacidad en el Tribunal Constitucional ha provocado esta movilización de la organización en toda España. En diciembre, este tribunal rechazó el recurso de amparo de la Fiscalía General del Estado que solicitaba la restitución del derecho al voto de esta ciudadana.

Como ella, casi 100.000 personas no pueden ejercer su derecho por tener una sentencia de modificación legal de su capacidad. Además, hay otras muchas que pueden hacerlo legalmente, pero que no tienen acceso a la información y al proceso electoral en igualdad de condiciones que el resto.

En Murcia, Cristina Munuera, de Astrapace, y Romina Cerezo, de Ceom, han puesto voz a los afectados y se han preguntado por qué se les trata “como ciudadanos de segunda”. La primera puede votar y lo hace desde la mayoría de edad, mientras que la segunda se ha visto incapacitada. Ambas cuestionan que se le negara el voto a su compañera gallega por no conoce los programas políticos, por ejemplo, cuando “a ningún ciudadano se le examina para votar. Muchas personas tampoco saben esas cosas y pueden votar”.

“Son los partidos y el Gobierno los que deben apoyarnos para que entendamos cosas como esas, pero es más fácil echarnos la culpa a nosotros”, explicaron.  Además de cambiar la Ley Electoral, exigen que la información sea accesible –mediante técnicas como la Lectura Fácil, por ejemplo-, y que hagan más comprensibles los entornos y los procesos desde el espacio del colegio electoral a las formas de participar en los partidos. Es lo que se llama accesibilidad cognitiva.

En Plena inclusión venimos reclamando este derecho desde hace años, en cumplimiento del artículo 29 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad, a la participación política y pública. Desde 2011, mantenemos activa nuestra campaña “Mi Voto Cuenta” (www.mivotocuenta.es) para concienciar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, los políticos, poderes públicos y sociedad en general, de la importancia de salvaguardar el derecho al voto y el acceso a la información y el proceso electoral en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas.