Ya se han emitido 440 requerimientos para comprobar la veracidad de las declaraciones responsables presentadas y los afectados disponen de 10 días para aportar la documentación

La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a través de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, ha puesto en marcha el Plan de Inspección Industrial 2017, que prevé realizar 8.820 inspecciones en un total de 1.500 establecimientos de la Región, un 440 por ciento más que en campañas anteriores, cuando el número de inspecciones alcanzaba las 2.000.

El consejero Juan Hernández, acompañado por la directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther Marín, lo anunció hoy y explicó que "este aumento de inspecciones se debe a que ahora, con la simplificación administrativa (declaraciones responsables), se elimina la carga burocrática de la revisión de los documentos de los expedientes, por lo que los inspectores pueden salir más a la calle y la gestión también se ve mejorada a la hora de establecer todos los procedimientos". Y añadió que "es la primera vez que el plan de inspección comienza en enero, gracias a la mejor gestión del trabajo".

El plan tiene como objetivo la protección al ciudadano, a los bienes y al medio ambiente, a través de la seguridad industrial y minera. Asimismo, se dota de seguridad el uso de las instalaciones por parte de los propietarios o arrendatarios y trabajadores, y se delimita la responsabilidad de cada agente involucrado (propietario, técnico competente e instalador, entre otros).

El consejero explicó que "con las inspecciones se conciencia a los empresarios de la responsabilidad adquirida como consecuencia de la simplificación administrativa y se aumenta la vigilancia del buen uso de los fondos públicos destinados al fomento de la eficiencia energética y energías renovables".

Así, dijo, "ya se han dado los primeros pasos de este plan, y se ha lanzado la primera campaña de requerimiento documental asociado a la Declaración Responsable". En concreto, se han enviado 103 requerimientos asociados a los trámites industriales y 337 asociados a los energéticos. Los destinatarios dispondrán de 10 días para aportar la documentación, si no lo hacen automáticamente se les sancionará. "El objetivo no es la sanción, sino la concienciación e interiorización de esta nueva forma de trabajar", apuntó Hernández.

Sanciones

El titular de Desarrollo Económico destacó que "seremos especialmente contundentes con los que quieren aprovecharse de la oportunidad que implican las declaraciones responsables. Aquellos que amparándose en las mismas no hayan cumplido deliberadamente la ley, se les aplicará la sanción correspondiente".

Asimismo, aseguró que el objetivo es "proteger a los que cumplen la ley para que se beneficien de sus ventajas y perseguir a los que quieren abusar de este nuevo régimen de confianza administrativa".

La normativa establece que la inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la declaración responsable o la comunicación aportada por los interesados y la realización de la actividad sin haber realizado la comunicación o la declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva, están tipificadas como faltas.

La cuantía de las sanciones varía según el tipo de infracciones. Así, las leves conllevan una multa de hasta 30.000 euros en el régimen minero, por falta de colaboración con la Administración. Las graves suponen multas que pueden alcanzar los 300.000 euros en el régimen minero, en cuanto a defectos de mantenimiento. Las infracciones muy graves conllevarían una multa desde los 90.151 euros en seguridad industrial y hasta 1.000.000 euros en el régimen minero, después de un accidente o reincidencias.

Tipologías de inspecciones

Las inspecciones que se llevarán a cabo en este plan son de dos tipos, auditorías por sectores y muestreo. Las auditorías se realizan a instalaciones existentes, y la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera incidirá en locales de pública concurrencia (grandes centros comerciales) y en polígonos industriales. Aquí está previsto efectuar 2.435 inspecciones relacionadas con la seguridad industrial y 277 con la seguridad minera.

Respecto a los muestreos, se llevarán a cabo un total de 6.108 inspecciones. En concreto, 4.000 sobre el control documental de las declaraciones responsables, 1.012 en relación a procedimientos sujetos a autorización administrativa previa, 410 sobre instrumentos de medida, 93 relacionadas con subvenciones dadas este año, 395 para controlar las autorizaciones mineras, 30 sobre certificaciones energéticas de edificios, 140 relacionadas con el control de subvenciones de fondos Feder y 28 en establecimientos 'Seveso', es decir, en instalaciones en las que se trabaja con materiales sensibles y donde podrían producirse accidentes graves.