La diputada regional, María Ángeles García Navarro, ha asegurado que a la partida destinada a dependencia le han quitado un millón de euros. Asimismo, ha destacado que desaparece la destinada al Instituto de la Mujer y que hay una "ridícula" partida de 1.000€ para la puesta en marcha del Observatorio LGTB, algo que "nos hace pensar que difícilmente se puedan asistir a las víctimas de delitos de odio en base a su orientación sexual o identidad de género, así como obtener datos".
García Navarro ha resaltado que los presupuestos de la Consejería de Familia para prevenir la violencia machista disminuyen un 2%, algo que confirma la "poca credibilidad" del ejecutivo en su compromiso para luchar contra esta "lacra". Esto significa que el gobierno de la Región de Murcia "no coloca las políticas de la igualdad y lucha contra la violencia sobre las mujeres como un objetivo básico de sus políticas sociales".
Respecto a la Renta Básica de Inserción, la diputada de Podemos ha señalado que "aunque sube la partida, la Consejería no va a poder atender a nuevos demandantes". García Navarro ha explicado que es "una dotación insuficiente" para atender a todos los beneficiarios actuales si se aprueba el Reglamento comprometido en 2016. Esto hubiera supuesto "un aumento de la prestación de 100€ por beneficiario, pasando a 399€ en lugar de 299€, la renta más baja de España, o bien no se aprueba el Reglamento para así poder atender el posible aumento de demandas previsto a lo largo de este año".
Asimismo, María Ángeles García Navarro ha dicho que los gastos de personal se incrementan "significativamente", en total suben en torno a dos millones de euros en la Secretaría General. Su única justificación, ha añadido, que "asume el registro de la Dirección General de Familia. No sabemos a dónde irá este dinero puesto que no aumentan sus funciones".
Por último, la parlamentaria de Podemos ha destacado que en lo que respecta a políticas sociales el aumento de un 4.43% del presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no es suficiente para atender la situación de emergencia de nuestra Región siendo la segunda comunidad española con mayor tasa de pobreza.
