La diputada regional, María Ángeles García Navarro, ha señalado que los argumentos del TSJ para eliminar este servicio se basan “exclusivamente en una visión estadística del problema”. Esto va a afectar “negativamente” a muchas mujeres, a sus hijos e hijas, puesto que el camino debe ser el de “acercar la justicia a la víctima, no al revés, y evitar así añadir más complejidad a la difícil situación a la que se enfrentan”.

García Navarro ha explicado que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia propuso la comarcalización del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena para que sea este el que asuma los asuntos que se llevan en la actualidad desde el mencionado juzgado de San Javier, que atiende a día de hoy a las víctimas de municipios de San Javier, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.

El motivo para el TSJ, según la diputada de Podemos, es que el Juzgado de Violencia de Cartagena no alcanza los módulos de entrada vigentes en la actualidad aprobados por el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, ha dicho, “tras conocer la realidad de este Juzgado se evidencia que los números, sin ser bajos, previsiblemente puedan aumentar en el futuro por el incremento de los delitos que son competencia de estos juzgados, como los quebrantamientos o los delitos de acoso”.

La parlamentaria de Podemos ha afirmado que esto va a generar situaciones de “sufrimiento adicional e injusto para las víctimas, mujeres que ya de por sí son muy vulnerables, y favorece la sobrecarga y el colapso del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena”.

En este sentido, María Ángeles García Navarro ha subrayado que, además de los perjuicios para las mujeres que residen en los municipios que engloba el Partido Judicial de San Javier, vamos a tener “un aumento de la carga de trabajo para el Juzgado de Cartagena, incrementando los procedimientos tanto civiles como penales, dando lugar a la prolongación en el tiempo de la respuesta judicial, y perjudicando, por tanto, también a las víctimas que ya están dentro de la jurisdicción de este Juzgado”.

Por último, García Navarro, diputada de Podemos ha alertado de que el incremento de procedimientos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena llevaría consigo también “el colapso” de los servicios que trabajan en coordinación con el Juzgado, como son el Punto de Encuentro Familiar y el Gabinete Psicosocial, así como los Servicios Sociales, el CAVI y la Policía Municipal de Cartagena, “quienes tendrían que asumir la atención y protección de las mujeres y de sus hijos mientras se encontrasen en el municipio, así como su acompañamiento y posterior traslado a sus domicilios”.