La Comunidad y el Cermi colaborarán en la prevención de los malos tratos que sufren el 23 por ciento de las mujeres con discapacidad

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, junto con el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, asistió hoy a la lectura de la declaración institucional contra la violencia de género, una convocatoria dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

Violante Tomás recordó que "es fundamental el compromiso de toda la ciudadanía para luchar contra esta lacra", y aseveró "no se puede mirar hacia otro lado".

La declaración de este año es una llamada de atención sobre la necesidad de proteger a los colectivos más vulnerables, adolescentes y mujeres con discapacidad. Así, es preciso aunar esfuerzos para prevenir y dar respuesta a las chicas jóvenes inmersas en relaciones de pareja tóxicas; fomentar relaciones sanas e inculcar valores de igualdad durante la infancia y la adolescencia, como la mejor manera para prevenir la violencia en las relaciones adultas, y generar una actitud de rechazo a cualquier tipo de maltrato.

"El uso inadecuado de las tecnologías de la información está dando lugar a nuevas manifestaciones de maltrato en la adolescencia, como el ciberacoso, el sexting y otras fórmulas bajo las que se amenaza e invade la intimidad de las mujeres. No son prácticas residuales, sino realidades del día a día en las relaciones entre adolescentes", explicó la consejera.

La jornada de sensibilización ciudadana también recuerda otras formas de violencia que se ejercen contras las mujeres. La mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, concertados o a edad temprana, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual son "violaciones flagrantes de la libertad y los derechos de las mujeres, y ante cualquiera de estas formas de violencia no cabe complicidad ni silencio alguno", aseguró Tomás.

Acuerdo de colaboración con el Cermi

Por otro lado, la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades y la presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad Región de Murcia (Cermi), Pilar Morales, informaron sobre el convenio suscrito para el desarrollo de actividades de prevención de la violencia de género y el fomento de la igualdad de las mujeres con discapacidad, cuyo objetivo es proporcionar a los profesionales información sobre los recursos disponibles para que puedan asesorar a estas víctimas.

En este sentido, se va a llevar a cabo la adaptación de materiales, pautas de intervención y formación a profesionales para la detección de estos casos en mujeres con discapacidad.

Así, la Dirección General de Mujer y el Cermi colaborarán en la formación de los técnicos que trabajan con el colectivo de personas con discapacidad y los profesionales de la red regional de recursos de violencia de género. En este sentido, en diciembre se llevarán a cabo unas jornadas donde se expondrá cómo recoger información que sirva para identificar cuándo una mujer con discapacidad sufre violencia y de qué tipo.

Violante Tomás afirmó que "su especial situación de vulnerabilidad hace que la violencia hacia ellas sea especialmente deplorable" y explicó que su Departamento ya ha puesto en marcha un protocolo regional que incluye unas líneas estratégicas para llevar a cabo programas individualizados y especializados para atender a etas mujeres, y que se inicia con la identificación de los casos en los que una mujer con discapacidad puede estar sufriendo malos tratos.

Al respecto, existe un documento/cuestionario que pueden usar los profesionales que trabajan directamente en este ámbito o en los servicios sociales para mujeres e instituciones de personas con discapacidad.

La mujer representa en torno al 60 por ciento del total de personas con discapacidad, y cuanto mayor es su grado de dependencia más vulnerables son a cualquier tipo de violencia. En este sentido, el porcentaje de mujeres de este colectivo que reconoce haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja es del 23,3 por ciento, un 50 por ciento superior al de las mujeres sin discapacidad acreditada.