El diputado de Podemos en la Asamblea Regional, Antonio Urbina, ha presentado un informe que contiene el análisis y conclusiones que se derivan de la fase de comparecencias de la Comisión de Investigación relativa a la Desaladora de Escombreras.

Urbina ha afirmado que entre las conclusiones que contiene el documento se encuentra la de que tanto el expresidentes regional, Ramón Luis Valcárcel, como el exconsejero, Antonio Cerdá, actuaron sin tener en cuenta "los intereses públicos" de la Región de Murcia.

Según el parlamentario de Podemos, los principales indicios apuntan a presuntas irregularidades tanto de Valcárcel como de Cerdá en diversos ámbitos. Entre ellos, "la participación en el diseño de un entramado cuyo objetivo es evitar la convocatoria pública para la construcción de una desaladora que debía suministrar agua al Ente Público del Agua. Agua que se iba a utilizar para facilitar los futuros desarrollos urbanísticos de 26 Ayuntamientos evitando así los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Segura".

Si bien, como ha añadido Antonio Urbina, "no acaba ahí la cosa. En todo el proceso se evita acudir a los servicios públicos de asesoría, tales como el Servicio Jurídico o la Intervención General de la CARM. Esta asesoría pública se sustituye por la de empresas privadas a las que se condiciona con muy poco margen de maniobra hacia el establecimiento de una forma legal para el entramado de empresas elegidas o creadas con antelación".

En relación a los contratos que asumen desde el gobierno regional para hacer pública la empresa Desaladora de Escombreras, tal y como ha explicado Urbina, se ve que son "claramente leoninos, asimétricos y con falta de reciprocidad. Lo cual ha dado lugar a graves perjuicios financieros para la CARM". Entre esos perjuicios, ha añadido, el que causa la carta aval que la EPA entrega a Banesto, "que obliga a la CARM a asumir riesgos financieros enormes, no respaldados por ninguna garantía relacionada con el futuro suministro de agua a los ayuntamientos".

Como recomendación, en el informe presentado por el diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Antonio Urbina, indica que los servicios jurídicos de la CARM "deberían estudiar en profundidad los contratos de 'arrendamiento financiero' y de 'operación y mantenimiento' que vinculan a la sociedad mercantil regional 'Desaladora de Escombreras S. A.' con las empresas privadas Hydromanagement y Tedagua. Tras ese estudio deberían emitir un informe relativo a las posibilidades de denuncia y declaración de invalidez de dichos contratos por abusivos y por falta de reciprocidad".

También asegura Urbina que los servicios de intervención de la CARM podrían realizar un estudio detallado de todas las cantidades ya pagadas por parte de 'Desaladora de Escombreras S.A.' a Hydromanagement y Tedagua, puesto que existen "claros indicios de que lo ya pagado supera el valor inicial (y por tanto también el actual) de la planta desaladora". Estos informes, ha subrayado, podrían "dar paso a una negociación transparente entre la CARM y el grupo ACS con el objetivo de adelantar la toma de posesión, a coste cero, de la planta desaladora".

Respecto a la viabilidad técnica de la desaladora, el diputado de Podemos, ha asegurado que "es muy probable que la desaladora sea viable y que pueda alcanzar costes de operación y mantenimiento compatibles con precios para el agua desalada dentro de los márgenes del mercado actual". Aunque, ha matizado, "es conveniente que la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente lo certifique".

Por último, Antonio Urbina ha incidido en que "lo más conveniente" es que el caso de la desaladora de Escombreras "sea esclarecido" antes de la tramitación de los presupuestos de la CARM para 2017, "de forma que en el proyecto de Ley de Presupuestos de la sociedad mercantil regional 'Desaladora de Escombreras S. A. el resultado del ejercicio sea de cero euros, es decir, que no sea necesario transferir cantidad alguna desde la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a través de ESAMUR, para cuadrar las cuentas".

Asimismo, Urbina apunta a que la información sobre las actuaciones de Valcárcel y Cerdá, obtenida durante las comparecencias de la comisión que investiga el caso de la desaladora de Escombreras, debe ser trasladada "tanto a la fiscalía del TSJ como al Tribunal de Cuentas para complementar los expedientes allí abiertos en relación a 'Desaladora de Escombreras S. A'".