En el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre, los mayores pertenecientes a CCOO, queremos hacer oír nuestras voces en medio de las graves circunstancias por las que está atravesando nuestro colectivo.

Durante estos últimos años, venimos denunciando que las medidas que se tomaban para salir de la crisis no eran las idóneas y afectaban de manera muy desequilibrada a la parte mayoritaria, pero más débil de la Sociedad y dentro de ella, también, de forma intensa a las personas mayores. Sin embargo, las actuaciones en relación con las personas y entidades sobre las que recae la mayor responsabilidad en la generación de esta crisis (sector financiero, especuladores,) son insuficientes o inexistentes.

Las administraciones públicas, tienen la obligación de asegurar que las pensiones sean suficientes para vivir dignamente. Por ello se ha de promover una mejora de las cuantías de las pensiones tanto contributivas, como de las no contributivas.

El Gobierno sigue con los recortes y estos afectan también, de forma intensa a las personas mayores. Un colectivo que es muy vulnerable a estas políticas, pues las personas mayores estamos pasando, cada vez más, a convertirnos en sustentadoras principales (en ocasiones únicas) de las siguientes generaciones pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.

El sistema público de pensiones es perfectamente sostenible, aunque para ello es necesario reforzar su estructura de ingresos. La mejor y más firme garantía para ello pasa por asegurar un mercado de trabajo con empleos de calidad y salarios suficientes para todas las personas que hoy sufren la lacra del desempleo y la precariedad laboral, especialmente para aquellas personas que avanzan hacia su jubilación como son las mayores de 45 años. Concretamente en España a 31 de diciembre de 2015 teníamos 1.899.157 personas paradas mayores de 45 años, y de estas 1.131.504 son personas paradas de larga duración (mas de 12 meses en el paro de manera consecutiva). Al mismo tiempo que el Estado tiene que contribuir a reforzar la estructura de ingresos del sistema por la vía impositiva, complementando los ingresos por cotizaciones sociales; se trata de una aportación solidaria del Estado para con la Seguridad Social, en los

mismos términos en los que los trabajadores y trabajadoras contribuimos en el pasado a financiar con los excedentes de nuestras cotizaciones sociales buena parte de las políticas públicas que se llevaron a cabo durante décadas.

Lejos de ello, el Gobierno ha renunciado a adoptar medidas que mejoren los ingresos del sistema sobreutilizando el Fondo de Reserva mediante la suspensión de los límites máximos de disposición que preveía la Ley, y dando lugar a su consumo de forma anticipada. Y, del mismo modo, la reforma de pensiones impuesta unilateralmente en 2013, en lugar de adoptar medidas que aumenten los ingresos, busca reducir en el medio y largo plazo el gasto en pensiones por la vía de la reducción del poder adquisitivo de las pensiones, mediante el factor de sostenibilidad y la nueva fórmula de revalorización de pensiones.

Por todo ello hoy día 1 de octubre, el colectivo de mayores de CCOO queremos reclamar al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y administraciones, lo siguiente:

Exigimos al Gobierno que convoque urgentemente a la comisión del pacto de Toledo para que, sobre la base del diálogo y el acuerdos social y político amplios, se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, tal y como se ha venido haciendo desde 1995 con excelentes resultados.

El nuevo Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) debe ser sustituido por una fórmula distinta de revalorización pactada en el marco del Diálogo Social que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante todo el periodo de percepción. Y en tanto esto se produce, el gobierno debe garantizar un flujo de recursos sostenido y suficiente en el sistema de Seguridad Social que permita que la aplicación de la propia fórmula de IRP garantice el mantenimiento del poder adquisitivo.

Constatamos que la brecha entre ricos y pobres aumento en nuestro país como consecuencia de la crisis, hay algunos que nunca lo pasan mal, mientras que un porcentaje importante de la sociedad no tienen para alimentar a su familia. En la actualidad, se cifra en más de cuatro millones de Pensionistas los que están por debajo del umbral de la pobreza, de ellos tres millones cobran menos de 420 euros al mes, cuando las pensiones públicas juegan un papel fundamental en la demanda interna de bienes y servicios de nuestro colectivo, contribuyendo al crecimiento y reactivación de la economía y asegurando un nivel de vida digno y de calidad.

Exigimos una Renta Mínima estatal para mejorar una laguna muy concreta, y muy amplia, que hoy tiene el sistema de protección social pues no está diseñado para proteger a quienes nunca tuvieron un empleo y lo buscan (jóvenes sobre todo, pero también mujeres) y a los parados de larga duración (hoy ya de un perfil socio demográfico amplísimo, casi 1.500.000 personas) que ven agotadas las prestaciones de desempleo, y que se encuentran en una situación de necesidad porque ni ellos ni sus entornos familiares tienen ingresos suficientes.

Las reformas de la sanidad pública necesitan un amplio consenso social y el respaldo de una gran alianza de organizaciones que impida la continua adopción de medidas unilaterales y que frene el persistente intento de privatizar los servicios sanitarios públicos. Transcurridos ya casi treinta años desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, ha llegado el momento de reforzar el Sistema Nacional de Salud a partir de nuevas propuestas legislativas, económicas y sociales que, entre otras cuestiones, aborden:

La garantía de financiación suficiente del SNS y los Servicios Autonómicos que lo integran.

Reversión de los recortes impuestos desde 2012 en la cobertura del SNS como derecho universal de todos los ciudadanos y la intensidad y calidad de sus prestaciones.

Rechazo a los nuevos copagos impuestos en la atención sanitaria (transporte sanitario no urgente, prestación ortoprotésica, productos dietéticos...) y el actual modelo de copago farmacéutico por su impacto negativo, especialmente para los niveles de renta más bajos, y su inadecuación para las situaciones de especial necesidad vinculadas a cronicidad o pluripatologías. En este sentido, es necesario sustituir este modelo por otro que responda a las necesidades de los ciudadanos, elimine los copagos para los colectivos más desfavorecidos, evitando que se generen barreras en el acceso a los tratamientos necesarios, y los reduzca con carácter general aplicando límites y criterios de progresividad. Además, a la par deben incorporarse aspectos relacionados con el uso racional del medicamento y acciones de educación sanitaria e información.

Acabar con las privatizaciones de los centros sanitarios, garantizando la utilización de los fondos públicos en asegurar la provisión y producción públicas de forma mayoritaria.

Nos oponemos a una negociación opaca sobre un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que puede conducir a la protección de los intereses privados frente a los intereses sociales en materia sanitaria.

Debemos potenciar los servicios de salud pública, mejorando su capacidad diagnóstica y terapéutica de atención a la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la investigación en salud, etc., invirtiendo la tendencia sufrida durante estos últimos años. Las políticas, recursos e inversiones en salud pública son

esenciales en el desarrollo de cualquier sistema de salud, en la prevención de enfermedades, fomentando el autocuidado.

Ley de dependencia: Su plena implantación está todavía muy lejos de lograrse. El volumen de personas en lista de espera ronda el 30%, lo que significa que prácticamente 1 de cada 3 personas con derecho reconocido a la atención se encuentra todavía pendiente de recibir una prestación efectiva. Para garantizar la atención de estas personas en lista de espera en los términos en los que establece la Ley mediante prestaciones preferentemente de servicios, es necesario que la dotación presupuestaria tanto estatal como autonómica se incremente buscando, además, fórmulas que garanticen la financiación de servicios profesionales sobre otras alternativas.

Necesitamos un tipo súper reducido del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía. Es decir, gas, calefacción y electricidad, lo que supondría una ayuda a las familias y a los pensionistas y jubilados, en muchos casos, nos permitiría poder encender el brasero los meses de invierno. Esta medida debe darse en el marco de una reforma fiscal integral y justa que garantice la suficiencia de las Administraciones Públicas para hacer frente a las necesidades de inversión que requiere el Estado de Bienestar.

Exigimos al Gobierno central medidas eficaces contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico bono social para la electricidad y gas, que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro, teniendo en cuenta los miembros de la unidad familiar y el nivel de renta.

Que las políticas sociales cumplan su objetivo final, que es el de garantizar el acceso universal de todas las personas a cubrir sus necesidades básicas. Seguimos constatando que, en demasiadas ocasiones, estas políticas se diseñan unilateralmente, sin contar con los Sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores y de los pensionistas. Por lo que, desde nuestro punto de vista, entendemos, que por esta causa, tanto la reforma laboral como la reforma de las pensiones han sido un fracaso, que está afectando de lleno a estos colectivos.

Los pensionistas y jubilados de CCOO, trabajaremos por la reorientación de la política económica y social del Gobierno, pues estas políticas nos han abocado, también al colectivo de personas mayores, a un aumento de la desprotección social y a un aumento de las situaciones de empobrecimiento.

FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO R. M.