El juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha emitido un auto en el que vuelve a avalar la legalidad de la actuación del alcalde de Yecla y diputado regional, Marcos Ortuño en el proceso administrativo de la transmisión de la concesión del club Náutico de Mazarrón en el año 2005 a la empresa BOLTUSA, cuando era Director General de Puertos.

Los denunciantes representados por el abogado Diego de Ramón, han visto rechazado el recurso presentado contra el auto dictado el pasado mes de mayo en el que se procedió al archivo de la causa, y en el que el juez dejó claro que la orden de autorización para la cesión del Club Náutico de Mazarrón estuvo basada "en el informe-propuesta asumido por dos funcionarios altamente cualificados" lo que respalda que la decisión de Marcos Ortuño se apoyó en los documentos de los técnicos de la Comunidad Autónoma

El juez vuelve a insistir en este último auto fechado el pasado 15 de septiembre que no existe "ni informe ni documento previo a los actos ni oposición, reparo u objeción alguna a la autorización de la cesión ni incumplimiento de los trámites o requisitos esenciales a los que se hubiera hecho caso omiso". Asimismo detalla que tanto el pliego de condiciones concesionales como el de cláusulas para la explotación contenían "previsión expresa sobre legislación". Por lo que considera que no existen "indicios fundados de arbitrariedad" y por tanto, procede desestimar la impugnación.

El auto vuelve a advertir a los denunciantes que "no corresponde al Derecho Penal el control de la legalidad de los actos administrativos que compete a los órganos de la jurisdicción contencioso- administrativa". Ya en el escrito de archivo de la denuncia recriminó a los querellantes la vía emprendida para denunciar porque después de perder este asunto por la vía administrativa trataron de hacer ver que existía un delito penal.

El Partido Popular expresa su satisfacción por este nuevo paso procesal que demuestra la legalidad de las actuaciones del alcalde y diputado regional Marcos Ortuño y muestra su rechazo a quienes se dedican a ensombrecer el trabajo de personas honradas a las que tratan de apartar de las vida política con denuncias infundadas y basadas, en muchos casos, en hechos falsos.