La diputada regional, María Giménez, ha señalado que lo que el gobierno del Partido Popular está preparando es un "atentado contra todas las funciones del legislativo. Al final a quien perjudica es a todas las familias que están esperando a que entre en vigor este jueves la ley de vivienda aprobada en la Asamblea Regional".

Giménez ha afirmado que la ley anti desahucios regional nació de los esfuerzos de la PAH y fue negociada por todos los partidos que conforman el arco parlamentario. Durante este trámite, ha añadido, "fuimos muy conscientes y cautos a la hora de diseñarla para evitar conflictos de competencias entre la comunidad autónoma y el Estado. Y así lo hicimos, junto a diversos juristas. No hay dudas, la ley es impecable, estamos seguros que su aplicación es perfectamente factible. Además, colocó a la Región a la vanguardia legislativa en esta materia".

La ley, tal y como ha explicado la diputada de Podemos, fue enmendada para incorporar los criterios de los servicios jurídicos de la Cámara y es "inaudito que el gobierno regional no haya movido un solo dedo para poner en marcha todas las medidas que la Ley exigía que se desarrollaran en el plazo de 3 meses desde su publicación el 15 de junio, para que el día de su entrada en vigor, precisamente mañana día 15 de septiembre, pudieran comenzar a aplicarse. No solo no cumplen el mandato del legislativo sino que están movilizando toda su maquinaria institucional para suspender su aplicación y que cientos de familias de la Región no puedan acogerse a las garantías en materia de vivienda digna a las que tienen derecho".

Si bien, como ha apuntado María Giménez, "entendemos que el gobierno de Pedro Antonio Sánchez lo que hace es ser cómplice del ejecutivo de Rajoy que tiene como único fin que la ley fracase y se siga permitiendo echar a gente de sus casas con total impunidad".

Por último, destacar que ha sido la información publicada en prensa la que ha alertado a los grupos parlamentarios y a la PAH de las intenciones del Gobierno en funciones de Rajoy de impugnarla. No ha habido hasta la fecha ningún contacto ni del Ministerio ni de la Consejería de Fomento para dar explicaciones ni tenemos constancia de la publicación en el BOE o BORM de ningún acuerdo de la Comisión Bilateral para estudiar su supuesta inconstitucionalidad, anunció que debería publicarse como muy tarde mañana.

Nos preocupa mucho que quien tiene que defender ante el Ministerio, en el seno de la citada Comisión Bilateral, la constitucionalidad de la norma sea un gobierno regional que desde el minuto 1 ha mostrado toda su oposición a la misma. La indefensión del legislativo murciano es evidente pero lo más dramático es el desamparo en el que el ejecutivo murciano deja a la ciudadanía, en lo que nos parece una perversion del principio de separación de poderes.