La directora general de Familia y Políticas Sociales, Verónica López, asistió la semana pasada a la apertura de la jornada ‘La importancia de los procesos socioeducativos en el peritaje judicial’, que organiza el colegio profesional de Educadores Sociales de Murcia en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Durante el acto, Verónica López destacó que desde principios de año se está promocionando en la Región la labor de los profesionales de la Educación Social como peritos dentro del sistema judicial. Indicó que su función “es primordial, ya que realizamos acciones de formación conjuntas y establecemos cauces de colaboración, sobre todo en asuntos relacionados con la protección de menores”. Así, “se están creando las bases y cimientos que sustentan este nuevo ámbito profesional, justificando y reconociendo ante el resto de profesionales jueces, fiscales y abogados, la nueva función que van a desempeñar”, explicó.

La Comunidad, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es responsable de la protección de menores. En concreto, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales coordina los procedimientos que se refieren a la apreciación de desamparo, la guarda, que corresponde por obligación a los padres, la regulación del régimen de visitas, el acogimiento familiar administrativo, acogimiento familiar judicial, propuestas de adopción, así como ingresos y bajas en centros de protección, entre otros aspectos.

La directora explicó que “en la actualidad nuestra colaboración con los órganos judiciales ya es muy estrecha, y los técnicos del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores asisten como representantes a los juicios que se celebran en los juzgados, proponiendo las medidas que se consideran más adecuadas para los menores, pero ahora queremos ir más allá y podemos incorporar a los educadores sociales en los procesos periciales en Justicia”.

La Consejería realiza las funciones de coordinación, ejecución y seguimiento de los programas de actuación en materia de ejecución de medidas adoptadas por los Jueces de Menores, con arreglo a lo dispuesto en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

En particular, desarrolla las funciones de gestión de centros, servicios y programas referidos a la ejecución de medidas adoptadas por los Jueces de Menores, la propuesta, tramitación, control y asistencia técnica de la acción concertada en materia de ejecución de las medidas dictadas por los Juzgados de Menores.

La jornada, en la que también colaboraron la Universidad de Murcia (UMU) y el Colegio de Abogados de Murcia, tuvo como objetivo visibilizar y justificar la figura del educador social en procesos periciales en justicia, complementar y visualizar la formación de las dos ediciones del curso de peritaje ‘on line’ y mostrar la herramienta del Informe Socioeducativo (ISE) como informe pericial.

En ella se presentó la ponencia ‘La educación social, una profesión ineludible en la sociedad del siglo XXI. La aportación desde el ámbito universitario’, a cargo de Silvia Martínez de Miguel López, profesora titular de la UMU y coordinadora del Grado de Educación Social de la Facultad de Educación. También tuvo lugar una mesa redonda sobre ‘La peritación de los aspectos educativos y sociales el marco de Justicia; alcance e importancia’, en la que participaron técnicos de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales.

Estos profesionales destacaron la colaboración que mantienen con distintos equipos de educadores sociales en los programas de acogimiento residencial y acogimientos familiares para la protección de menores en situación de desamparo y programas de intervención con familias con menores en situación de riesgo.

Verónica López concluyó que “en ambos programas la labor educativa tiene un valor fundamental que ha de ser considerado por los poderes judiciales en procesos desarrollados en este ámbito”.