al hacer caso omiso de los informes de la Intervención de la Comunidad
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, señaló que las comparecencias ordenadas hoy en la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras serán decisivas para el curso de la investigación que se está llevando a cabo por parte de dicha Comisión.
Navarro indicó que las comparecencias del interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, del jefe de los Servicios Jurídicos, Francisco Ferrer, y del Jefe de la División e intervención y fiscalización de la CARM, David Rodríguez Vicente, autor del informe especial sobre desaladora de Escombreras del 31 de julio de 2015, contribuirán a aclarar si hay responsabilidad contable en todo el procedimiento contractual llevado a cabo por los responsables del Ente Público del Agua, de Hidronostrum y, finalmente, de Desaladora de Escombreras.
A la vista de estos demoledores informes, el diputado socialista manifestó que es "incomprensible la actitud del consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, de no abrir un expediente y nombrar un instructor ante la existencia de indicios suficientes sobre la comisión de actos que pudieran ser generadores de responsabilidades contables, prescritas y no prescritas, en la modalidad de alcance de fondos públicos, en concurrencia con otros actos que no revisten responsabilidades contables de alcance".
El parlamentario socialista, "se pregunta a quién está encubriendo el Gobierno regional, con el presidente Pedro Antonio Sánchez a la cabeza, al hacer caso omiso de estos informes tan relevantes de la Intervención de la Comunidad, para dar lugar a la prescripción de las responsabilidades contables, ya que los responsables de todo este entramado y de los perjuicios causados al erario público tendrían que ser asumidos por estos con el dinero de sus bolsillos".
Por otro lado, sobre la comparecencia de Amalio Garrido, gerente del EPA durante el período inicial donde se diseñó y se ejecutó todo el entramado societario y contractual, junto con la comparecencia de Mª Antonieta Fernández, secretaria inicial del EPA y, posteriormente, consejera delegada del Consejo de Administración de Desaladora de Escombreras señaló que permitirá aclarar muchos aspectos poco transparentes de los contratos y compromisos dinerarios que finalmente puedan acabar costándole a la Comunidad cerca de 600 millones de euros, un importe que tendremos que pagar todos los murcianos y murcianas.
Jesús Navarro añadió que en este período de comparecencias verán la luz distintos informes y documentos que podrían avalar las sospechas de los grupos de la oposición y las razones por las que en la anterior legislatura el Grupo Parlamentario Socialista llevó a la Fiscalía todo lo relacionado con la gestión y el entramado societario y contractual de Desaladora de Escombreras.