La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente participará en el plan de gestión extraordinario para el Mediterráneo, que pondrá en marcha el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en colaboración con las comunidades autónomas, con el objetivo de poner freno al descenso de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.

El objetivo del plan es llevar a cabo una serie de medidas que faciliten la recuperación de las poblaciones de peces y dar cumplimiento a las exigencias de la política pesquera común, que fija en el 2020 la fecha en la que las poblaciones explotables de peces deben estar en el rendimiento máximo sostenible.

La directora general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Carmen Teodora Morales, participó el pasado miércoles en la reunión convocada por la Secretaría General de Pesca del Ministerio, en Madrid, con la presencia del sector pesquero de todo el Mediterráneo español, el Instituto Español de Oceanografía y las direcciones generales de Pesca de las comunidades autónomas del Mediterráneo.

Las medidas propuestas en la reunión abarcan soluciones técnicas como igualar la longitud de artes de pesca para la modalidad de cerco, bajar el esfuerzo pesquero en arrastre, ya sea limitando las horas anuales o semanales de presencia en el mar; regulación de las mallas de arrastre, de la pesca recreativa y mejoras en la comercialización mediante etiquetado facultativo, entre otras.

Carmen Teodora Morales explicó que "la información suministrada por el Instituto Español de Oceanografía no deja lugar a dudas, y pone de manifiesto la necesidad de reducir el esfuerzo de pesca y proteger determinadas áreas marinas para poder alcanzar el objetivo propuesto por Europa para 2020".

Las medidas acordadas se integrarán en un plan de gestión de pesca para el Mediterráneo español, que posteriormente será trasladado a la Comisión Europea con el fin de que estos acuerdos sean asumidos también por los países del norte de África, que comparten el Mediterráneo.

Los pescadores se van a integrar en un grupo de trabajo del que también formarán parte las administraciones públicas, científicos y ONG, con el fin de pactar una serie de medidas que mejoren el estado de los recursos, permitan alcanzar el rendimiento máximo sostenible y que perjudiquen lo menos posible socioeconómicamente al sector.