El diputado regional ha señalado que la "mezquindad" en torno a la desaladora está alcanzando "grados insoportables". Además, Antonio Urbina ha afirmado que se va asentando la hipótesis de que la Comunidad Autónoma "permitió que se armara un gran entramado para construir la desaladora de Escombreras y así consolidar el pelotazo urbanístico del ladrillo en la Región de Murcia a través del Ente Público del Agua".

Tras la aparición de un vídeo donde se confirman las 'mordidas' en torno a la construcción de la desaladora de Escombreras, el parlamentario regional de Podemos, Antonio Urbina, ha incidido en que las empresas privadas implicadas "con el beneplácito del gobierno del Partido Popular de la Región, han actuado sin ningún riesgo financiero puesto que estaban protegidas y amparadas por dinero público cuyo último objetivo parece que es arañar una 'mordida' de las arcas públicas de nada más y nada menos que 500 millones de euros".

Para Antonio Urbina esta práctica de las 'mordidas' hace un daño "tremendo" tanto a la Administración pública como a los pequeños empresarios de la Región. Y en este sentido, ha señalado que Tedagua, empresa privada de ACS encargada del mantenimiento de la desaladora, "recibió con prioridad, con cargo al plan de proveedores del gobierno, 22 millones de euros. Por lo que mientras que ya tenía ese dinero en mano, regateaba por detrás a sus suministradores, muchos de ellos pymes".

Respecto al pago de la desaladora, Antonio Urbina ha subrayado que según apunta la hipótesis del Grupo Parlamentario Podemos, "Escombreras está prácticamente pagada, puesto que si el coste es de 111 millones de euros y se confirma como apuntan ya varias fuentes que se han abonado 90 y este año se pagan a través de los presupuestos 15 millones más, la Comunidad Autónoma ya debería ser su propietaria el año que viene".

Por ello, Urbina ha exigido al gobierno de Pedro Antonio Sánchez "voluntad" para presionar a las empresas privadas para que la desaladora sea propiedad de la Región "y se rescinda el draconiano contrato de alquiler que nos obliga a pagar todavía 500 millones hasta 2034".

Por último, el diputado de Podemos ha recordado a la Comunidad Autónoma "que aceptó el chantaje de una empresa privada que le planteó una demanda de lucro cesante relativa a la empresa "Desaladora de Escombreras S. A.", aceptada sin rechistar cuando esta empresa perdía dinero, lo que ha dejado la puerta abierta al lastre económico que supone Escombreras para todos los murcianos y murcianas". El trabajo de la comisión de investigación de la Asamblea Regional tiene como uno de sus principales objetivos dar herramientas a la administración para poder eliminar esta enorme hipoteca en las finanzas de la CARM.