El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro ha manifestado tras la comparecencia del ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, en la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras que "se ha ratificado que la construcción de dicha planta desaladora era innecesaria".

Y lo era porque el Programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente garantizaba los recursos hídricos suficientes para el abastecimiento en el horizonte del año 2007-2008, tal y como demuestra la puesta en marcha de la desaladora de San Pedro II en 2006, la de Valdelentisco en junio de 2007, y la de Alicante II en julio de 2008.

Navarro agregó que el Programa Agua no solo garantizaba el agua para abastecimiento, sino que contemplaba una importante cantidad de agua desalada para redotar los regadíos con más de 142 hectómetros cúbicos. Además, "sorprenden los costes de la desaladora de Escombreras con los costes reales de las desaladoras programadas desde el Gobierno socialista de España".

Como ejemplo citó la de San Pedro II, con un período de ejecución de 18 meses y una inversión de 90 millones de euros, para producir 24 hectómetros cúbicos, en comparación con la desaladora de Escombreras, cuya producción máxima a pleno rendimiento será de 22 hectómetros cúbicos y nos puede costar a todos los murcianos cerca de 600 millones de euros.

Navarro indicó, asimismo, que la comparecencia ha venido a desmentir las afirmaciones de Valcárcel en las que decía que la desaladora de Escombreras garantizaba agua para miles de hectáreas de regadío y para el mantenimiento de miles de puestos de trabajo. "Algo que es falso, pues la solicitud inicial para la construcción de la desaladora destinaba el agua exclusivamente para abastecimiento; posteriormente, se solicitó un cambio de uso de la concesión para uso industrial de 2 hm3 y para uso recreativo (campos de golf) de otros 2 hm3. Finalmente, a partir de mediados de 2012 se solicitó el cambio de uso para regadío, con solo 3 hm3".

El diputado socialista señaló que hasta el 31 de marzo de 2009, cuando el Ente Público del Agua (EPA) consiguió los permisos para el funcionamiento de la desaladora y autorizaciones para distribuir agua, todas las actuaciones y convenios firmados no tenían autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), por tanto, estaban incumpliendo la Ley de Aguas vigente.

Según los informes y archivos de la Comisaría de Aguas a fecha 3 de agosto de 2006, no consta que la mercantil Hidromanagement S.L., tuviera concesión alguna por parte de la Confederación para la construcción de una desaladora.

Por otro lado, los informes de la CHS relativos a la creación del precio público del agua para abastecimiento de agua potable, procedente de la desaladora de Escombreras, no se ajustaban al ordenamiento jurídico vigente, al incumplir lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de dicha Ley, en lo relativo a la concesión de agua desalada, así como a la aprobación de las tarifas, que debían haberse tramitado a través del Organismo de Cuenca, es decir, la Confederación Hidrográfica del Segura.

Por último citó el informe del Tribunal de Cuentas de 31 de marzo, donde se pone de manifiesto la extrema situación económica deficitaria de algunos proyectos de infraestructuras muy relevantes para la Comunidad, como la infrautilización de la planta desaladora de Escombreras.