El consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, anunció hoy que la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad ha emitido un acuerdo por el que "avala la constitucionalidad de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia". El acuerdo será publicado mañana viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).
Bernabé calificó de "muy positivo" el acuerdo alcanzado en el seno de este instrumento de relación institucional, compuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de Fomento e Infraestructuras, que "no hace más que reforzar la normativa, que fue tramitada con el apoyo de organizaciones empresariales de constructores, promotores, industriales, agricultores, ganaderos o conserveros, y los colegios profesionales del sector, las universidades regionales y la propia Federación de Municipios".
El consejero añadió que "se trata de una ley que nació con un elevado grado de consenso profesional, económico y social, que enriqueció enormemente la norma". Añadió que "esta decisión es la respuesta que necesitaba el sector para sentirse respaldado con una norma actualizada y que invita a emprender con ilusión y seguridad jurídica el futuro".
El consejero, acompañado por la secretaria general de la Consejería, Yolanda Muñoz, y la directora general de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, Nuria Fuentes, explicó los detalles del acuerdo a los presidentes, decanos y representantes de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (Apirm), y de los colegios oficiales de Arquitectos, Aparejadores, Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Esta comisión bilateral, según recordó, se constituyó el pasado 25 de junio de 2015 para intercambiar información y establecer los mecanismos de colaboración oportunos que han permitido analizar el citado texto, resolver la interpretación normativa y clarificar competencias. En este sentido, matizó que este tipo de comisiones son instrumentos habituales de trabajo entre las administraciones en las respectivas políticas públicas y asuntos de interés común.
En concreto, de los 300 artículos que incluye la citada normativa, aprobada el 25 de marzo de 2015 por la Asamblea Regional, la Comisión solo ha formulado dos propuestas de modificación de la Ley con el único objetivo de mejorar su comprensión a la hora de su aplicación.
En este sentido, se propone sustituir el apartado 2 del artículo 83 por la nueva redacción del apartado 2 del artículo 79, que viene a recoger que los terrenos destinados a sistemas generales podrán ser adscritos a diferentes clases de suelo a efectos de su valoración y obtención, si bien tal adscripción no prejuzgará el régimen de usos que corresponda a los sistemas generales de espacios libres que se califiquen por sus valores naturales y paisajísticos.
El otro punto viene motivado por un error aritmético y viene referido a la modificación de los artículos 240 y 241, de modo que recojan que el tipo de licitación o el tipo de la subasta se eleve del 75 al 100 por ciento de la valoración del inmueble, siendo el 75 y el 50 por ciento lo que finalmente se entregue al propietario.
