Urralburu ha recordado que desde hace varios años, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles. En la Región de Murcia, "40 de los 45 municipios han tenido o tienen causas abiertas con sus alcaldes imputados y algunas de las personas implicadas han pasado o están en esta Cámara, y formaban parte o forman parte del Consejo de Gobierno", ha añadido.
"Esto es inadmisible", para el portavoz parlamentario de Podemos, quien ha señalado que el Partido Popular ha evitado que "los diputados de esta Asamblea y los mismos miembros del Consejo de Gobierno, dejen de disponer de beneficios judiciales, pudiendo ser detenidos o imputados por mandato de los tribunales ordinarios y no por parte del TSJ o el Tribunal Supremo".
Para Podemos es prioritario que exista una política activa para luchar contra la corrupción en las instituciones y contra las malas prácticas establecidas en la relación entre lo público y lo privado. Es "esencial", ha dicho Urralburu, "que haya una normalización judicial de los representantes políticos: los cargos públicos no deben mantener ningún tipo de privilegio que les permita eludir los tribunales ordinarios y retrasar así los procedimientos". Si no, ha continuado Óscar Urralburu "los procesos se convierten en un laberinto, se retrasan las imputaciones, se remiten a unos tribunales y luego a otros, se renuncian a actas y vuelven a la primera de las estancias y así pasan los plazos. Se va alargando artificialmente cada procedimiento, hasta que llega a prescribir".
En la Región de Murcia, tal y como ha explicado el portavoz de Podemos en la Asamblea, los casos de corrupción han estado vinculados, en su mayor parte, a procesos especulativos e inmobiliarios, algo que "pone de manifiesto que el fenómeno de la corrupción no es una secuencia de casos aislados, sino un fenómeno estructural que ha contado con la aquiescencia y la tolerancia, cuando no la colaboración desde las más altas instancias políticas e institucionales de la comunidad autónoma".
"La connivencia de intereses entre instituciones públicas y especuladores y promotores de todo tipo, ha creado el caldo de cultivo perfecto para que se haya instalado de modo sistémico una corrupción política y financiera de todo tipo", ha incidido Óscar Urralburu, y esto afecta "a la credibilidad de las instituciones, atenta directamente contra los derechos sociales y ahonda los profundos recortes producidos en el Estado de bienestar".
