Los diputados María Giménez y Andrés Pedreño han visitado el vertedero junto a la Asociación Vertivega. Han comprobado como la situación en la localidad es "degradante para los vecinos, que tienen que soportar olores nauseabundos y respirar gas metano".
El próximo jueves, en el Pleno de la Asamblea, la diputada María Giménez le pedirá a la Consejera de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, que aclare cuál es la situación actual del vertedero de Abanilla. Vertedero del que, tal y como ha explicado Giménez "nadie se quiere hacer cargo porque es un cúmulo de despropósitos" y que deja a los vecinos en "una situación muy peligrosa, desde el punto de vista medioambiental pero también de salud".
La diputada de Podemos "se teme" que la Consejería vaya a tener que asumir los casi 4 millones de euros que supondrá la restauración medioambiental del vertedero, y que "al igual que ha pasado con Corvera o con Escombreras, todos tengamos que pagar los errores del gobierno del Partido Popular a la hora de darle la gestión de lo público a empresas privadas".
María Giménez espera que la Consejería exija "responsabilidad civil a la empresa Proambiente, que ha estado gestionando el vertedero estos años y la restauración ambiental de los terrenos".
La diputada de Podemos también le preguntará a Cachá por el informe de impacto medioambiental del vertedero, informe que desde la Asociación dicen "no haber visto nunca porque la Consejería no se lo quiere facilitar" y al que la diputada de Podemos atribuye un "papel clave" en el proceso de construcción del vertedero, debido a que la zona en la que se desarrolló es una zona LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), zonas de Europa designadas de interés comunitario por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural.
Además, para María Giménez, hay que preguntarle a la Consejera "el motivo por el cuál la administración de Medio Ambiente del Partido Popular consintió la violación de los límites del LIC Sierra de Abanilla en unas 40 hectáreas".
Por otra parte, Giménez ha subrayada que "no podemos pasar por alto que la Comisión Europea denunció en el 2008 la ilegalidad del vertedero de Abanilla y pidió al Gobierno Español su cierre o reestructuración. Ya en septiembre de 2014, la Comisión exigió el cierre y regeneración del vertedero a Proambiente. Fue en ese momento, bajo la presión de Bruselas y no de la Consejería que se decidió paralizar la recepción de residuos y se puso en marcha un proyecto de regeneración con un coste de casi 4 millones de euros que a día de hoy sigue pendiente, y que mucho nos tememos que finalmente será asumido por todos los murcianos".
