La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades abordará esta legislatura numerosas reformas normativas para atender los derechos de los colectivos más desfavorecidos, según anunció hoy la consejera Violante Tomás tras la reunión que mantuvo con el presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Antonio Gómez Fayrén.
Entre las modificaciones que ya se han impulsado desde el Consejo de Gobierno destaca la Orden que desarrolla el Decreto 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2013, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. El objetivo es reforzar el derecho de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios sociales, a través del desarrollo de modos de gestión tales como el Concierto Social o los convenios de colaboración.
El Concierto Social va a agilizar los actuales contratos que la Administración regional firma periódicamente con las organizaciones sociales para financiar sus servicios y prestaciones en centros de día para personas con discapacidad, atención a menores, residencias o pisos de acogida para personas en riesgo de exclusión, entre otras. El fundamento de la modificación radica en la necesidad de seguir prestando estos servicios, que ha de garantizar la Comunidad Autónoma.
"Esta modificación que hemos propuesto se ha hecho por un decreto para que entre inmediatamente en vigor, aunque después deberá ser refrendada por la Asamblea Regional. De esta forma, la Administración podrá firmar con cada una de las organizaciones sociales un concierto o convenio para financiar sus programas sin necesidad de abrir un proceso de adjudicación pública", explicó la consejera.
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia es el órgano consultivo superior en materia de Gobierno y Administración de la Comunidad, por lo que la Consejería también solicitará su dictamen facultativo con la máxima celeridad posible para otros asuntos como son las modificaciones previstas para la Ley 3/2013, de 10 de abril del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, para un nuevo decreto donde se especifiquen los requisitos mínimos que han de reunir los centros residenciales para menores y para el decreto de condiciones mínimas requeridas a centros para personas con discapacidad, entre otros.
La normativa referente a la protección social de la Familia, la Ley de Garantías de Derechos de Personas con Discapacidad y el decreto de desarrollo de la Renta Básica de Inserción, son algunas de las reformas legislativas que también planea la Consejería.
Entre las iniciativas previstas, el borrador del Reglamento de la Renta Básica de Inserción (RBI), servirá para mejorar el procedimiento para el reconocimiento del derecho a las ayudas y sus prestaciones económicas. Un nuevo ordenamiento para actualizar el Sistema Público de Servicios Sociales, en el que descansa la cobertura que existe para las familias que más lo necesitan. El reglamento se llevará a la Asamblea Regional, para su aprobación y puesta en marcha, con la intención de poder aplicarlo a partir del 1 de enero de 2016.
Según indicó la consejera, "estamos cumpliendo el compromiso que adquirió el presidente Pedro Antonio Sánchez de mejorar la seguridad jurídica de las ONG que gestionan centros y servicios para las personas en situación de dependencia, personas sin hogar, menores y otros colectivos, y también que impulsaría nuevas normativas que protegieran la actuación de dichas organizaciones y, sobre todo, los derechos de los colectivos a los que atienden".
