El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, calificó de demoledor el Informe del Tribunal de Cuentas relativo al año 2012. "No sólo porque la deuda de la CARM se ha multiplicado por diez desde 2007, pasando de 945 millones a 5.400 en 2012 y a casi 7.000 en 2014 de euros, ni por el déficit que se ha ido incumpliendo o por el descontrol del gasto en la contratación del sector público regional, o por la nefasta gestión del SMS, sobre todo, por un conjunto de afirmaciones que hace el TC que podrían rozar el ámbito de lo judicialmente punible".

Esta mañana ha comparecido en sesión informativa el interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro. Navarro reprochó la ausencia del consejero para hablar de una cuestión que merece muchas explicaciones políticas dada la gravedad del contenido de dicho informe.

Alfonso Navarro destacó que el Tribunal de Cuentas habla de imprecisiones, de opacidades e inobservancia legal, de incumplimientos y de irregularidades, según los propios términos que aparecen a lo largo de las 500 páginas, 149 conclusiones y 10 recomendaciones que integran dicho documento.

Entre los aspectos más graves está el de la contratación de asistencia técnicas, del que dice que ha sido "irregular hasta tal punto que a la Comunidad le ha costado un 1.600.000 euros, ya que derivó en un proceso judicial, en el que al final se dio la razón a los trabajadores y la Comunidad optó por indemnizarlos en lugar de readmitirlos. También la contratación de servicios, el descontrol del gasto en el SMS, el descontrol del coste de los rendimientos en el servicio público son otros aspectos preocupantes.

En materia de contratación, el diputado socialista agregó que "esto ya roza el juzgado de guardia, ya que las afirmaciones que plantea el Tribunal de Cuentas son tan abundantes y tan reiteradas durante años que muestran un deseo explícito de no corregir cuestiones que se reiteran en los procedimientos de contratación y que dan lugar a la arbitrariedad y a la discrecionalidad, que son las puertas magníficas para la toma de decisiones corruptas".

En concreto, se refirió a contratos de adjudicación donde no se tiene en cuenta el precio de las ofertas, contratos sin justificación para la elección de los criterios de adjudicación, imprecisión de los pliegos de condiciones en baremos de criterios de adjudicación, vulneración de los principios de publicidad y transparencia y ausencia de justificación de la necesidad en la mayoría de los contratos.

También vuelven a aparecer en este informe los clásicos: la desaladora de Escombreras, el aeropuerto de Corvera por su alto coste y su nula rentabilidad, 211 millones de euros señala el Tribunal de Cuentas, y la Autovía del Noroeste, cuyos pagos se siguen contabilizando año tras año por amortización como transferencias a instituciones sin fines de lucro.

Respecto al Servicio Murciano de Salud indicó que frases literales del Tribunal de Cuentas sitúan el déficit en 896 millones de euros, no están integrados los sistemas de información del SMS, no tienen plan de ordenación de los recursos humanos, no están centralizados los servicios de productos sanitarios, se produjo una infravaloración de las obligaciones de pago en 383 millones para que no contabilizara como exceso de gasto, se produjo un descontrol de la atención continuada en los horarios de especialistas; se produjeron conciertos con centros privados a los que la Administración no había acreditado adecuadamente. Asimismo, se produjo una desviación en el gasto en las guardias, en la atención asistencial y en farmacia.

Alfonso Navarro subrayó que "todas ellas son cuestiones importantísimas que merecen una explicación política".