IU-Verdes de Torre Pacheco había puesto en conocimiento de la Dirección General de Administración Local de la Región de Murcia y del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas que el interventor seguía ocupando su puesto a pesar de haber sido condenado por prevaricación a la pena de inhabilitación.
El ministerio de Hacienda y Administraciones públicas comunicó esta semana al Ayuntamiento de Torre Pacheco la suspensión provisional del interventor municipal Miguel Pérez.
Pérez fue condenado a la pena de inhabilitación especial por seis años y seis meses, con privación definitiva del cargo de interventor el pasado julio en un juicio por los contratos 'a dedo'.
En aquel juicio también fueron condenados el anterior alcalde del municipio, Daniel García Madrid, y los ediles José Saura y Santiago Meroño. Aunque estos últimos dimitieron tras la sentencia, Miguel Pérez siguió ejerciendo como interventor municipal a la espera del recurso presentado ante el Tribunal Supremo.
IU-Verdes puso en conocimiento de la Dirección General de Administración Local de la Región de Murcia y del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la sentencia condenatoria y pidió que se tuviese en cuenta la gravedad de los hechos para proceder a la suspensión cautelar de Miguel Pérez mientras se resolvía su recurso judicial.
La formación también pidió a la Secretaría del Ayuntamiento que se pronunciase sobre la situación y la idoneidad de interventor y la respuesta fue que el ministerio estaba estudiando el caso, y a la nueva alcaldesa que abriese un expediente disciplinario y apartase a Pérez provisionalmente de su puesto, ante lo que no obtuvo respuesta.
Tras conocer la decisión del Ministerio de Hacienda, IU-Verdes ha expresado su satisfacción. Su portavoz municipal, Francisco Ramón Martínez Meroño, ha declarado que "así se soluciona una situación extremadamente irregular que ponía en cuestión todas las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento".
Además, Martínez Meroño ha indicado que su grupo se va a pedir que el ministerio envíe a un habilitado nacional para cubrir el puesto vacante lo antes posible, evitando que esta función se cubra de forma accidental más tiempo del estrictamente necesario.
El portavoz de IU-Verdes ha insistido en que la convocatoria de una comisión especial informativa para aclarar este asunto y sus responsables es "imprescindible", dados los "innumerables gastos económicos que ha supuesto este proceso, a los que hay que sumar las condenas en costas de los Juzgados, las costas procesales, las minutas de abogados, la solicitud de informes jurídicos externos a prestigiosos juristas para tratar de justificar o enmascarar las convocatoria declarada nula por los tribunales, así como otros gastos innecesario e injustificados como sería el envió por la vía de urgencia a los Boletines Oficiales de varias publicaciones de la convocatoria de las plazas".
