La manifestación ha sido convocada por la Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia y por las Marchas de la Dignidad. Además de todos los colectivos y organizaciones que integran las Marchas de la Dignidad (Yayoflautas, PAH, etc.), también apoyan y participan en esta manifestación: Greenpeace Murcia, organizaciones solidarias con la problemática de las personas migrantes (Círculo de Silencio, FAAM, CONVIVIR SIN RACISMO), Comité de apoyo a las trabajadoras del sexo (CATS), Frente de Acción Estudiantil Región de Murcia (FAE), el colectivo LGTB de la Región de Murcia NO TE PRIVES, Ecologistas en Acción Región Murciana, Cooperativa Agroecológica La Revolica, Plataforma Pro-Soterramiento, Colectivo Apnea, Coordinadora Antifascista del Sureste, Movimiento de Renovación Pedagógica Antonia Maymón y la coordinadora de ONGD de la Región de Murcia (conformada por 27 organizaciones que trabajan por la mejora de la cooperación internacional y el desarrollo).
De esta manera la ciudad de Murcia participa de forma activa junto a un gran número de localidades que durante este fin de semana realizarán movilizaciones por el mismo motivo, como Albacete, Barcelona, Cáceres, Xixón, Zaragoza, Valencia, Madrid, Valladolid, entre otras.
Manifestaciones como la de hoy en Murcia y a buen seguro, como las que habrá mañana en numerosas ciudades de todo el Estado son una prueba palpable del enorme rechazo que produce esta Ley de Seguridad Ciudadana. Una ley que persigue a las personas y colectivos que nos organizamos para rechazar precisamente la inseguridad que producen en nuestras vidas las políticas de recortes de derechos laborales y sociales. Unas políticas que desordenan nuestro día a día al privarnos del trabajo, la vivienda y los servicios públicos más esenciales.
La implantación de esta ley va a suponer un aumento significativo en la cuantía de las multas por realizar protestas, como por ejemplo la paralización de un desahucio. Las sanciones leves pasan de 100 a 600 €; las graves de 601 a 30. 000 €; y las muy graves alcanzan los 600.000 €. También se sancionará la difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad, aunque estén cometiendo abusos. Además se vulnera el derecho internacional al permitir las llamadas “devoluciones en caliente, mediante las cuales se podrá expulsar a personas migrantes sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer qué le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla.
Una ley cuyo objetivo real es dilapidar el ya mermado estado de derecho y las reducidas libertades que tenemos, porque su verdadera intención es silenciar la respuesta lógica de un pueblo cuando está siendo sometido a uno de los mayores atracos de los últimos tiempos, pero no se dan cuenta que no hay mordaza que pueda silenciar la voz de la justicia, la igualdad y la libertad.
