Desde FITAG UGT, en el ámbito de la campaña "En Defensa del Sector Forestal", consideramos que las condiciones laborales de los trabajadores de los dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales han de estar reguladas en el marco de un convenio estatal para acabar con las desigualdades que vienen soportando. Para ello es necesario potenciar la creación de un marco de diálogo entre empresarios, sindicatos y Administraciones con el objetivo de dotar al sector de un instrumento que acabe con su debilidad y desestructuración.
Es tal el caos al que se ve sometido este colectivo en materia laboral que, de todas las comunidades autónomas, sólo siete cuentan con un convenio para estos trabajadores. Pero, a pesar de que los sistemas de prevención y extinción de incendios son parecidos en todas ellas, se dan desigualdades tales que en algunas el salario apenas supera los 600 €, por debajo del SMI, mientras que en otras puede alcanzar los 1.100 €. En el resto de las CC.AA., los trabajadores o bien no tienen ningún tipo de convenio de aplicación, o bien se les aplica alguno que no tiene nada que ver con la actividad que desarrolla. Tristemente, algunos empresarios y algunas Administraciones se aprovechan de esta desregulación, como Castilla y León, Galicia, etc.
Es responsabilidad de todos acabar con estas desigualdades, es muy significativo que los trabajadores de prevención y extinción de incendios, que en muchas ocasiones ponen en riesgo sus vidas, no cuenten con el reconocimiento social que merecen. Sobre todo desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, que en lugar de apostar por dispositivos profesionales, usan contratos por el tiempo de la campaña de incendios, o incluso sólo por tres meses, obviando las tareas de prevención e imposibilitando la profesionalización en el sector.
Exigimos un convenio estatal para estos trabajadores, cuyo texto debe abordar necesariamente el nomenclátor las categorías profesionales que correspondan, apostar por un trabajo a realizar a lo largo de todo el año, unificar criterios en torno a materias como salarios, jornada, salud laboral, etc. Además de una formación propiciada tanto por los empresarios como las Administraciones, que se adecúe a cada perfil y categoría para el desarrollo del trabajo sin riesgos.
En la mesa negociadora del convenio estatal sería necesaria la presencia de, aparte de las patronales y los sindicatos, tanto de la Administración central a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como de las Administraciones Autonómicas, a través de las consejerías relativas a esta competencia.
Desde FITAG-UGT siempre hemos tomado la iniciativa para la consecución de este objetivo, pero las reuniones celebradas hasta el momento apenas han registrado avances por la falta de ambición de las patronales, que abogan por un convenio de mínimos con un desarrollo limitado, manteniendo mientras tanto al sector debilitado, y desperdiciando la oportunidad de ganar en representatividad frente al resto de agentes económicos.
Desde FITAG-UGT hacemos un llamamiento a la responsabilidad de las patronales y de las Administraciones para que apuesten por dotar de un mayor contenido al diálogo social en el sector forestal. Con unas relaciones laborales bien reguladas, el sector ganará proyección hacia el resto del escenario económico de nuestro país y protegerá a los miles de trabajadoras y trabajadores empleados en su ámbito que hasta ahora han carecido de un convenio estatal de referencia.
